Chile: Reforma educativa a la vista

Tomas de escuelas, paros, huelgas de hambre y marchas masivas colmaron durante el 2011 las calles chilenas. Cinco años antes el país vivió la Revolución de los Pingüinos en alusión a la vestimenta de sus protagonistas, los escolares secundarios.

Esas protestas y las que se generaron después sirvieron de plataforma para un movimiento estudiantil cuya lucha gira en torno a una educación pública gratuita y de calidad.

Ese sector exige un cambio en el desigual sistema de enseñanza del país heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La política de reducir a menos de la mitad el aporte estatal al sector educativo, palpable en una serie de reformas neoliberales que provocaron altos índices de segregación, se mantiene en la actualidad.

Debido a esa situación, el sector privado pasó a controlar la mayor parte de la educación y el resultado fue el incremento de la responsabilidad familiar con el financiamiento de la enseñanza superior hasta casi un 80 %.

Acorde con la Organización para la Coo­peración y el Desarrollo Económico, en Chile una familia con dos hijos en la universidad tendría que pagar mucho más que el promedio de sus ingresos mensuales. Por lo tanto, los jóvenes deben endeudarse para estudiar asumiendo créditos por hasta 60 000 dólares que pagan durante años.

Un reciente estudio de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO precisa que en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades una alta responsabilidad para asegurar una educación de calidad, en detrimento del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho.

El autor del reporte, Vernor Muñoz, agrega que aun cuando existen estrictos procesos de supervisión y control, el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y a desencadenar mecanismos selectivos.

En ese sentido, también el exrelator especial de la ONU sobre el derecho a la educación (2004-2010), detalló que a pesar de que la ley prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes, “no hay duda de que las pruebas de ad­misión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización”.

La actual presidenta Michelle Bachelet conoce a fondo el tema. En cumplimiento de una de sus promesas electorales, envió al Congreso esta semana el proyecto de una reforma educativa la cual describió como la más representativa para el país en los últimos 50 años, y cuyo objetivo principal es combatir la mercantilización de la educación.

A grandes rasgos, la reforma propone la eliminación total del lucro y con ello pretende que la enseñanza deje de ser una actividad comercial, una cuestión reconocida por el propio ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

En una entrevista con Radio Cooperativa, el titular admitió que los centros educativos eran concebidos como comercios. Explicó al respecto que otra de las metas de la reforma es terminar con los procesos de selección.

En un artículo del diario chileno La Tercera, el periodista  Diego Vela explica que la selección en los centros de enseñanza es “una herramienta que se utiliza para definir a estudiantes de primera o segunda categoría”, con la consecuente “extrema segregación existente en nuestra educación”.

La nueva normativa busca limitar la selección en los colegios, salvo en los emblemáticos, donde podrán seleccionar solo al 20 % con mejores calificaciones para aspirar a la educación superior.

La iniciativa plantea también dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (copago) a padres, para reemplazarlos gradualmente por un subsidio estatal.

La puesta en marcha de la reforma será gradual. En este primer semestre estará en­focada en toda la educación básica y media. Para la otra mitad del año, “vamos a ingresar legislación con respecto a la acreditación de las universidades, respecto a la gratuidad de la educación, entre otros aspectos”, comentó Eyzaguirre.

El proyecto educativo de 50 páginas podría dar un final satisfactorio a la larga lucha estudiantil. Sin embargo, los principales dirigentes reclaman una falta de claridad en el programa de cambios y exigen una mayor participación en las modificaciones.

“Queda claro que esta no va a ser la gran reforma que se necesita porque no se abordan todos los niveles del sistema educativo con un mecanismo de acceso que realmente pueda paliar la desigualdad. Será solo un nuevo ma­quillaje al modelo”, dijo la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Melissa Sepúlveda.

Manifestó al respecto que la reforma se generó a “espaldas” de la gran mayoría de Chile, y la calificó como “un proceso que no ha vinculado de ninguna manera a las organizaciones sociales”.

Los primeros pasos hacia el acceso a una educación de calidad en los centros de enseñanza chilenos ya se están dando. Sin em­bargo, la complejidad del proyecto presentado por el gobierno de Bachelet tiene todavía un largo trecho por recorrer.