CARACAS, Venezuela.–Treinta millones de ataques por minuto, 500 000 por segundo. Agresiones a los poderes públicos, a la banca privada, a los comercios, amenazas de muerte a autoridades, a líderes populares… Ese es el intento desesperado de la extrema derecha nacional e internacional, aupada por la Casa Blanca, de desestabilizar el país y hacerse con el poder.
Tales atrocidades las denunció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, y con la participación de los medios nacionales e internacionales que le dan cobertura al proceso eleccionario.
Rodríguez se refirió a las condiciones bajo las que el presidente reelecto, Nicolás Maduro, desarrolló la campaña electoral, con sanciones ilícitas contra el país y una fuerte agresión económica con gran impacto en todos los sectores económico sociales. Se trata, aseguró, de un «bloqueo ilegítimo y criminal de quienes pretenden chantajear e imponer su visión del mundo en nuestra jurisdicción».
No podía quedar fuera de ese formato de agresión el proceso electoral, la ausencia del representante de la extremaderecha, el 20 de junio, a la firma del acuerdo de reconocimiento de los resultados de los comicios.
En ese contexto, el candidato del extremismo, Edmundo González Urrutia, informó, casi un mes más tarde, que no reconocerían los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino sus propias actas, declaración fundamental para entender lo que está ocurriendo, afirmó Rodríguez. «Desde entonces tenían previsto no reconocer los resultados ni el boletín».
Estaban forjando el fraude que tendría su cimiento en una página web con dominio en Reino Unido, y en la cual publicaron sus propias actas, arrogándose facultades que no les corresponden ni por la Constitución ni por las leyes electorales de la República. «Por eso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que esta es la versión Juan Guaidó 2.0», enfatizó.
Al citar las declaraciones de González Urrutia, de esperar a que el CNE mostrara los resultados públicamente, la dirigente gubernamental dijo: «¿Y por qué no habría de difundir el Poder Electoral los resultados?», a la par que aludió al ataque cibernético masivo que sufrió el proceso de transmisión de datos, el propio día de la cita electoral.
Afortunadamente, el CNE pudo transmitir y tener su boletín de totalización, sostuvo. Luego, González Urrutia y María Corina Machado publicaron resultados fraudulentos y generaron violencia en las calles para provocar un golpe de Estado, dijo.
Acerca de las agresiones digitales, significó que pretenden, a través de la dictadura de las redes sociales, sustituir la voluntad popular de los gobiernos electos por sus ciudadanos. «La única dictadura acá es la de las redes sociales, los algoritmos, las grandes concentraciones de capital de las empresas de tecnología que promueven insurgencias, golpes de Estado, ataques fascistas».
Son, manifestó, «un verdadero instrumento de guerra contra los pueblos. Primero ocupando el espacio de la mente, de la conciencia, alterando los procesos cognitivos y los sentimientos, generando masivamente angustia, terror, promoviendo muerte, violencia».
Asimismo, acusó al candidato de la ultraderecha de causar la violencia que se vivió los días siguientes a las elecciones. «Es responsable de los fallecidos», subrayó.
A la par, advirtió sobre las inconsistencias en las actas publicadas en la página web. Entre las denuncias recibidas en la plataforma VenApp, resaltó que sobresalen las relacionadas con que, en esos documentos, aparecen como votantes personas fallecidas.
Firmas planas, «como también hicieron en el referendo ratificatorio del Comandante Hugo Chávez, en 2002»; ausencia de datos de operadores de máquina, de testigos, de miembros de mesa; actas de inicio en cero, rotas, incompletas e ilegibles, son otras de las anomalías evidenciadas.
Tales irregularidades motivaron que el miércoles, el Fiscal General de la República abriese un expediente sobre esa página web, que pretende sustituir los mecanismos oficiales de difusión del Poder Electoral.
Ante este «fraude bárbaro, salvaje, inédito» el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión, en el marco de la Constitución y ante el Tribunal Supremo de Justicia, de aclarar la situación generada y preservar «el orden constitucional, proteger los poderes públicos y salvaguardar lo más sagrado, que son la paz y la tranquilidad del pueblo».
Sustentan ese recurso, al que acudió el mandatario para proteger el buen funcionamiento de la institucionalidad y de los poderes públicos, los artículos 297 y 333 de la Constitución, argumentó.
Deben «responder ante el país y ante la justicia venezolana los responsables de este fraude electoral», que «ha tenido ampliación por algunas transnacionales de la comunicación y, directamente, por gobiernos aliados a ee. uu., quien planificó y dirigió» este intento golpista, manifestó.
De ahí el llamado a los medios internacionales a publicar la verdad de lo que está ocurriendo. «La censura es tal contra Venezuela, que lo que está en la mediática internacional son estas actas fraudulentas como válidas, en una página web de la ultraderecha, apoyada directamente desde Washington, que no es la del Poder Electoral. Y por tanto, no puede totalizar ni proclamar cargos de elección popular», sentenció.
En su comparecencia, Delcy Rodríguez reveló que los delincuentes que cometieron actos terroristas contra el Gobierno y la población se encontraban en un estado de «furibunda desesperación», causada por estupefacientes, como quedó demostrado en los análisis que se les practicaron a los detenidos.
Al respecto, señaló que los vándalos confesaron quién les pagó para generar esa ola de violencia. «ee. uu. decidió tomar directamente las riendas de los delincuentes», señaló.
Estamos en presencia, sin duda, de una «agresión multiforme», cuyas «heridas sociales y económicas» no solo ha sufrido Venezuela, sino también otros pueblos, y que forman parte de este «proceso irracional de querer desconocer gobiernos legítimos e inventarse fanfarrias para imponer el extremismo, que pueda satisfacer y entregar las amplias riquezas de nuestro país, pero principalmente, el significado de la identidad histórica».
En ese sentido, recordó el legado de Simón Bolívar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la construcción de un modelo de bienestar social para los pueblos, con justicia, equidad e igualdad social. Su trascendencia ha traído a la actualidad la contienda histórica del bolivarianismo contra el monroísmo, ponderó.
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