La ley Torricelli, es un chantaje global

En uno de esos canales de YouTube que con frecuencia suelo seguir, veía yo esta semana cómo algunos panelistas trataban de banalizar el bloqueo estadounidense contra Cuba. Argumentaban que semejante política no era algo que provocase tanto daño a nuestro país, pues, en cualquier caso, teníamos el resto del mundo para comerciar.

Los susodichos panelistas vestían de traje y corbata, empleaban lenguaje técnico; en los créditos, se avisaba de sus relevantes currículos: analista internacional, académico de tal universidad. Casi nada faltaba en la dramaturgia, ni gráficos ni imágenes ni declaraciones de otros supuestos conocedores; en ese teatro, solo faltaba un detalle: la verdad.

Hay palabras que un analista serio no puede excluir al abordar el tema del bloqueo contra Cuba. Supongamos que usen completo el Diccionario de la Lengua –quizá las 22 929 palabras diferentes que, según estudiosos, empleó Cervantes en El Quijote–; pero si no dicen la palabra Torricelli, ninguna verdad habrán dicho.

Conocido es que la llamada Ley Torricelli establece sanciones a los barcos que toquen puertos cubanos, prohibiéndoles entrar a puertos estadounidenses durante seis meses. También prohíbe comerciar con Cuba a entidades de terceros países que operen con más de 10 % de capital estadounidense.

En el primer caso, se trata de un claro chantaje; en el segundo, de injerencia en terceros países; pero vamos a oficiar como «abogado del diablo» y tratemos de entenderlos. Digamos que son sus puertos y tienen derecho a recibir los barcos que estimen; es su capital, y también tienen derecho a decidir con quién comerciar.

Ahora bien, el tema es que a Estados Unidos nadie lo nombró policía y juez del mundo, y, sin embargo, pretende arrogarse tal derecho, porque veamos qué dice exactamente la Ley Torricelli.

Por ejemplo, en la Sección 1704, relativa a la cooperación internacional, se establece que: «El Presidente deberá promover que los gobiernos de países que comercian con Cuba restrinjan sus relaciones comerciales y crediticias de manera consecuente con los fines de este artículo».

La letra de la Ley dice la palabra «promover», pero, ¿cuál es su espíritu? Al leer de forma descuidada, quizá uno tenga la impresión de que solo se trata de unas palmadas en la espalda para animar cierta conducta «favorable»; pero no es así. En realidad se trata de amenaza, coerción, intento de torcer el brazo a terceros países.

El caso es que a continuación la Ley expresa: «El Presidente podrá aplicar las siguientes sanciones a cualquier país que proporcione asistencia a Cuba»:

«El gobierno de dicho país no tendrá derecho a recibir asistencia en virtud de la Ley de Ayuda Exterior de 1961, ni asistencia ni ventas en virtud de la Ley de Control de Exportación de Armas».

«Dicho país no tendrá derecho en virtud de ningún programa, al perdón o reducción de su deuda con el gobierno de EE. UU.».

Como ya dije, los mencionados panelistas en ningún momento hicieron alusión alguna a la Torricelli, la cual tipifica a Estados Unidos como gendarme mundial; pero tampoco citaron otras disposiciones no menos injerencistas como la Ley Helms-Burton, o la abominable inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, por lo cual se nos prohíbe usar el dólar en legítimas transacciones comerciales.

Cómo me hubiera gustado estar en ese panel para hacerles una sola pregunta a estos promotores de la mentira de cuello blanco: algo que la semana pasada denunciara nuestro Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en entrevista concedida al catedrático y periodista español Ignacio Ramonet.

¿Cómo es, entonces, que en este minuto más de 92 bancos o entidades financieras internacionales han sido sancionados o presionados por el Gobierno de Estados Unidos, por lo cual han cesado sus relaciones de intercambio financiero con Cuba?