No es pequeña la empresa del desarrollo de Cuba

Este 20 de septiembre entrarán en vigor en nuestro país un conjunto de decretos-leyes que responden al perfeccionamiento de actores de la economía nacional: las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia y, que más allá de las diferencias en su alcance o personalidad jurídica, están todos convocados a impulsar, desde su ámbito, el desarrollo de la nación.

En este punto, la constitución de las Mipymes, ya sean de propiedad privada, estatal o mixta, es, quizá, la novedad que ha generado más expectativas, sobre todo, si tenemos en cuenta que el llamado desde la dirección del país, no es a poner trabas, sino a liberar las fuerzas productivas y fomentar una responsabilidad social en estos actores.

Según lo aprobado, las micro, pequeñas y medianas empresas se clasificarán, por el momento, solo por el número de ocupados y se organizarán como sociedades de responsabilidad limitada, lo que se traduce en una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en participaciones sociales e integrado por las aportaciones de todos los socios, como ha explicado en otras ocasiones Johana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación (mep).

La intención, ha enfatizado, es que las Mipymes se inserten en la transformación económica y productiva de la Isla, y que no sean de subsistencia, lo cual significa crear nuevas industrias, productos y servicios que no existían antes y están en función, además, de los objetivos definidos en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

En tal sentido, que a partir de este lunes algunos de los actuales negocios de trabajadores por cuenta propia que hay en Cuba puedan iniciar el tránsito para convertirse en Mipymes, con las consabidas ventajas que ello conllevaría: mayor capacidad de gestión, acceso a fuentes de financiamiento y condiciones financieras más favorables, mejores relaciones contractuales, etc., resulta un paso decisivo en el camino de aprovechar y poner en función del país todo el potencial que aquí existe.

Por supuesto, que mayor autonomía también significa mayor responsabilidad y, como cualquier otra empresa, estos actores deberán realizar balances financieros, operar cuentas bancarias, cumplir con un régimen laboral y de protección hacia sus trabajadores, pagar tributos y apropiarse de otros términos legales y económicos que quizá, hasta ahora, les eran desconocidos.

La creación de las Mipymes estatales demanda, por otra parte, librarse de ineficiencias solapadas, pues si el llamado es a la innovación y a generar competitividad dentro del propio sistema empresarial estatal, resulta más que prudente, imperioso, no caer en los mismos esquemas ya vencidos que nada aportan y enlentecen resultados.

A ello se unen también otros elementos, como el acceso a una red mayorista que, de manera estable, garantice aquellos recursos y materias primas que son imprescindibles para la producción y prestación de bienes y servicios; una realidad que no deja de ser compleja, teniendo en cuenta el actual escenario pandémico, las propias dificultades financieras del país y un bloqueo que intenta asfixiarnos constantemente.

Tampoco han faltado los criterios y cuestionamientos que apuntan a que las Mipymes podrían significar un paso de regreso hacia el capitalismo en Cuba. Sobre ello, el vice primer ministro y titular del mep, Alejandro Gil Fernández, ha destacado que la aprobación de los nuevos actores de la economía está en total correspondencia con el modelo económico cubano y nuestra Carta Magna.

No queremos un proyecto capitalista y de corte neoliberal y, en función de ello, se han establecido mecanismos para garantizar la seguridad social, de protección a los trabajadores, de limitación de la concentración de la propiedad y la riqueza, de la creación de fórmulas tributarias que favorecen a las formas de gestión más social, enfatizó recientemente.

Es un socialismo más moderno, más inclusivo, pues el país necesita que la economía se mueva por mecanismos menos administrativos y sí por incentivos financieros, agregó.

Con tal propósito se han definido, precisamente, estas normas jurídicas –que si bien no son las únicas medidas que el país viene implementando con igual fin, ni las últimas transformaciones que se requieren–, apuntan maneras de hacer, de impulsar, entre todos, una economía más eficiente, capaz de respaldar nuestro modelo social.