La guerra económica y la aprobación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Los primeros diez años

Los gobernantes de Estados Unidos cuentan con una larga experiencia en este tema.

Desde 1917, durante la Primera Guerra Mundial, promulgó su principal documento de guerra económica conocido como la «Ley de comercio con el enemigo», que le permitió una renovada doctrina que incluía tretas financieras, creación de dificultades a sus adversarios para el acceso a instituciones bancarias y crediticias, congelamiento de fondos, prohibición de compras y ventas al país bloqueado, así como compras de productos a terceros países elaborados con materias primas norteamericanas, limitación de las ventas para evitar la reexportación a países objeto de sus sanciones, elaboración de listas negras de embarcaciones y de tripulantes y otras acciones semejantes.

Aquella política incorporó el sabotaje y otras acciones de terror con medios y métodos clandestinos contra industrias, componentes fabriles y otras 28 instalaciones sensibles en la economía del país agredido. La muerte de civiles añadió nuevos rasgos de brutalidad a esta guerra económica.

En la historia contemporánea mundial, Cuba es el país más sometido desde el siglo xx a una guerra económica tan larga y brutal. Todas estas medidas, constitutivas de un amplio carácter genocida, han sido aplicadas gradualmente desde los albores de 1959.

Léase negativa de devolución de los activos robados por la primera oleada de esbirros y malversadores que escaparon a la Florida, las declaraciones de suspensión de la cuota azucarera cubana ante el ajusticiamiento de los criminales de guerra y la denegación del otorgamiento de un empréstito para estabilizar las finanzas internas en 1959, en medio de una compleja situación económica heredada de la tiranía.

Las acciones económicas agresivas de mayor alcance comenzaron a adoptarse tras la aprobación de la Ley de Reforma Agraria en mayo de 1959, acompañadas de otras acciones políticas, como piezas importantes de este esquema subversivo, que ha aspirado siempre al derrocamiento de la Revolución. Esto constituye una regularidad de la subversión política y la guerra económica, que llega a nuestros días.

Se han divulgado mucho las frases extraídas de un documento desclasificado del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960: «lo que queda es hacer todo lo posible, de la forma más rápida, para debilitar la vida económica de Cuba». En aquel documento, desclasificado en 1991 al cabo de 30 años, se plasmaban también con crudeza las palabras del entonces subsecretario de estado norteamericano Lester D. Mallory: «El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas... Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba... Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno».

No es contradictorio que al valorarse la posible aplicación del denominado «Programa de acciones encubiertas contra el régimen de Castro», los aspectos más discutidos fueron las medidas de presión económica que debían acompañarle. Esto último dio vida a un denominado «Programa de presiones económicas contra el régimen de Castro», aprobado en junio de ese año 1960.

Aquellos programas intervencionistas propugnaron el cierre del suministro de petróleo a Cuba, el fin del comercio bilateral, la retirada de grandes inversiones, la prohibición del turismo norteamericano hacia Cuba, el despojo de la cuota azucarera y la prohibición de exportaciones estadounidenses a Cuba (octubre de 1960), considerado un paso decisivo hacia el bloqueo, así como las maniobras de aislamiento internacional mediante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mencionado programa económico de Eisenhower complementaba un gigantesco esquema de subversión política ideológica que instauró en Cuba una oposición contrarrevolucionaria interna, promovió nuevos mecanismos de propaganda sicológica desde el extranjero, organizó y entrenó un poderoso ejército mercenario y estableció el terror interno en el país.

La CIA introdujo clandestinamente por mar y aire 75 toneladas de explosivos y armamentos entre septiembre de 1960 y abril de 1961, los que produjeron 110 actos dinamiteros y la detonación de artefactos explosivos en objetivos económicos y sociales, para sembrar la incertidumbre y el caos interno.

Aquellos datos fueron desclasificados muchos años después, y formaban
parte del programa paramilitar de la CIA previo a la invasión mercenaria. Habían transcurrido unos pocos días de la victoria cubana en Playa Girón, cuando el 27 de abril de 1961 el recién creado Centro de Operaciones del Departamento de Estado propuso al presidente John F. Kennedy «desarrollar la más completa y precisa actividad de inteligencia sobre las actitudes del pueblo cubano hacia Castro. Tal inteligencia es esencial antes de decidir los cursos de acción». Aquel nuevo Plan contra Cuba expresaba que si los resultados indicaban que la mayoría del pueblo apoyaba la Revolución, debían «hacer variar tal visión en el mayor número de cubanos» a través de «métodos moderados tales como una cuarentena y otros esfuerzos». La «cuarentena» se refería al establecimiento del bloqueo económico, hecho efectivo diez meses después. El término «otros esfuerzos», encubría el inicio de intensos sabotajes contra la economía, aprobados en secreto por el gobierno al iniciarse la Operación Mangosta a finales de ese año 1961.

Según estos documentos, Mangosta contenía 32 tareas, 13 de las cuales constituían medidas de guerra económica. Su texto exponía con claridad la voluntad política de encarecer y dificultar el transporte marítimo hacia Cuba, provocar fracasos en las cosechas de alimentos, impedir las ventas de níquel y otros productos estratégicos, y llevar a cabo acciones de sabotaje contra grandes objetivos económicos definidos a lo largo del país.

Según documentos cubanos, en un lapso de 14 meses se registraron unas
5 780 acciones terroristas, de ellas 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos. De la tarea número 11 de Mangosta surgió el bloqueo económico y financiero, aprobado por el presidente Kennedy en 1962, que instauró para el futuro una estructurada guerra económica codificada en sus leyes, que aún se aplica contra Cuba.

El Departamento del Tesoro estadounidense puso en vigor a partir de 1963 las regulaciones para el «Control de activos cubanos» por lo que se congelaron todas las cuentas cubanas en Estados Unidos, se prohibieron las transacciones financieras y comerciales con la Isla que no estuvieran bajo licencia y se bloquearon las exportaciones e importaciones desde Cuba. Fue prohibido realizar transacciones no autorizadas con Cuba, mientras se limitaron las entradas de divisas mediante un plan para bajar artificialmente en el mercado mundial el precio del azúcar.

El 14 de mayo de 1964 se eliminó todo suministro de medicinas y alimentos lo que repercutía de forma directa en la población. Se promovió un extenso plan de sabotajes sobre las naves marítimas cubanas y presiones sobre las líneas comerciales de sus aliados en todo el mundo, para impedir nuevas visitas a puertos cubanos. En paralelo, intensificaban sus acciones de espionaje interno. Emigraban a Estados Unidos miles de médicos, profesionales y técnicos, resultado de una sostenida campaña de estímulo al abandono del país para desangrar económicamente la nación.

Solo entre 1961 y 1962 viajaron a ese país más de 130 000 ciudadanos, en su mayoría profesionales, técnicos, médicos y maestros.
En esos momentos, la Operación Mangosta se encontraba en pleno apogeo y planeaba con la ayuda de organizaciones contrarrevolucionarias internas una insurrección para el 30 de agosto de 1962, lo que fue frustrado por los órganos de seguridad con el apoyo del pueblo. La guerra económica se extendió con ímpetu a lo largo de aquella década con su inevitable afectación al nivel material de vida, lo que estimuló desde esos años el éxodo por razones meramente económicas y obligó a nuestra nación a incontables sacrificios para mantener las principales conquistas sociales y desarrollar su economía en medio de difíciles y complejas coyunturas, bajo el constante asedio del terrorismo y la subversión.