Inversión y planificación, ¿matrimonio en crisis?

Resulta difícil, dificilísimo, que no hayamos escuchado, al menos una vez, a alguien comentar: “Qué poco tiempo ha pasado des­de la inauguración de esa obra y ya tienen filtraciones los techos, roturas en los pisos…”. Hasta es posible que usted, en algún momento, haya cuestionado el retraso de determinada inversión o la ligereza de un estudio de factibilidad y por consiguiente, el desequilibrio entre lo previsto y lo alcanzado luego de concluido el proyecto.

Por reiteradas, e incluso comunes, estas pro­blemáticas han convidado a la reflexión y al análisis en todos los escenarios, desde el Con­sejo de Ministros, las Comisiones de Tra­ba­jo de la Asamblea Nacional, hasta cualquier parada de ómnibus.
Pero no por debatidas, las dificultades han tenido una solución concluyente. Permanece activo el círculo vicioso donde se repiten los mismos problemas y la planificación, entendida en su sentido más amplio, siempre que­da maltrecha, más allá de justificadas causas o de flagrantes equivocaciones.

En términos redondos, las deficiencias aso­ciadas a los procesos inversionistas, su fal­ta de calidad y rigor le han abierto hoyos a la economía del país; también a la del más simple de los cubanos, ese que debió recibir un producto o servicio y no fue posible por alguna de­mora o inejecución.

Cierto es que el país ha intentado poner orden en el asunto. Un ejemplo de ello fue la entrada en vigor, en marzo pasado, del De­creto No. 327 Reglamento del proceso inversionista, orientado a eliminar la dispersión legislativa que hasta entonces existía en torno a dichos procedimientos. No obstante, la im­prescindible eficiencia aún se torna escurridiza e inestable y no es casual que continuemos descubriendo descalabros millonarios. To­tal­mente contrario a cualquier intento de desa­rrollo.

A inicios de año, luego de la publicación de la normativa, funcionarios del Ministerio de Economía señalaban como las principales dificultades detectadas en el país la falta de integralidad en el proceso y la ausencia de li­derazgo del inversionista, así como la deficiente elaboración de los estudios de factibilidad y la marcada centralización en la decisión de invertir, inconvenientes que la propia nor­ma intenta solucionar.

Poco antes, en diciembre del 2014, los di­pu­tados al Par­la­mento también habían sometido a debate el tema y resaltaban entre los mayores escollos la incorrecta preparación de las obras, las dilaciones derivadas de este particular y la fluctuación de la fuerza de trabajo. En esa oportunidad, el llamado fue a desarrollar una planificación más efectiva, capaz de fa­vorecer la consecución de proyectos integrales y sobre todo, realizables en los plazos con­venidos.

Sin embargo, seis meses después, durante las más recientes sesiones de la Asamblea Na­­cional, los diputados conocieron que todavía perduran los problemas asociados a la planificación en la esfera empresarial, y resultó llamativa la cantidad de inversiones previstas para el segundo semestre del 2015, las cuales constituyen el 66 %.

¿Qué pasó entonces con los pronunciamientos anteriores referidos a hacer de la planificación una herramienta estratégica? ¿Acaso es estratégico cargarle a seis meses más de la mitad de las inversiones concebidas para todo un año? ¿Quién daría una respuesta afirmativa, si tenemos en cuenta que, más allá de los esfuerzos por reordenar la actividad, persisten los mismos rezagos? Por in­cumplimientos de los plazos de entrega, ¿cuántas pérdidas carga sobre sus espaldas el país?

Del mismo modo sería imperdonable, a la luz de cualquier análisis, obviar factores que complejizan el desempeño empresarial en materia de inversiones. Es justo reconocer, por ejemplo, la falta o demora de los financiamientos o el embrollo de la contratación y las importaciones debido, por un lado, a la lejanía de los mercados, y por otro, a deficiencias propias. Pero cuidado con el tono justificativo.

Las medidas financieras que se han venido tomando, vinculadas con la anticipación de créditos del plan 2016, confirman la voluntad del Estado de garantizar, en medio de obligados recortes, la continuidad de los procesos productivos e inversionistas.

Debe ser favorable, en términos de sostenibilidad de los ciclos, la aprobación de 122 mi­llones 500 000 dólares para hacer operativos los créditos de cara al calendario venidero. Otros ejemplos también resultan beneficiosos: más de 54 millones adelantados al Mi­nisterio de Transporte para importar equipos ferroviarios y más de 56 millones otorgados al Ministerio de la Construcción para aumentar las capacidades constructivas.

Se trata de aprovechar al máximo y de la manera más eficaz los anticipos emitidos, de modo que en enero pueda arrancar cada una de las obras contenidas en el plan. De poco servirían los buenos intentos y las normas, si al comenzar el año sobrevienen las paralizaciones, o se limitan las oportunidades por la espera que al final te pasa la cuenta.

El asunto, claro está, no compete solo a las em­presas y a la posibilidad de ubicar aquí o allá la inversión. Involucra, además, las gestiones con­tractuales, la disponibilidad oportuna de fi­nanciamiento, la sólida preparación de los proyectos... Demanda, en resumen, de integralidad.

Ya el 2015 supone tensiones. No perdamos de vista que disponer de poco tiempo implica reforzar la eficiencia de los procesos, y por esa senda, lamentablemente, no hemos transitado lo suficiente. Aún no estamos aptos, diría yo, para asumir el reto.

Sería prudente asirnos a la planificación, sin que esta sea demasiado rígida como para no asimilar las eventualidades, o tan flexible que nos conduzca al incumplimiento. El éxito de las transformaciones derivadas de la actualización del modelo económico también precisa desterrar esos viejos fantasmas que todavía rondan los procesos inversionistas.