A los 62 años de edad, Benita Adams ha recuperado su seguro médico, después de tres décadas de incertidumbre. Una operación anterior de corazón la dejó con una deuda de 67 mil dólares. “Yo solía decir: si me lastimo déjenme morir porque no puedo darme el lujo de pagar más facturas del hospital”.
Ahora es una de las beneficiadas por la Ley de Cuidados de Salud Asequibles de Estados Unidos (Affordable Care Act), firmada por el presidente Barack Obama en el 2010 y confirmada por el Tribunal Supremo en el 2012.
Conocida coloquialmente como “Obamacare”, la legislación obliga a las compañías aseguradoras a brindar su servicio independientemente de las condiciones médicas previas del ciudadano.
La reforma sanitaria era una de las principales promesas electorales del actual mandatario, y al mismo tiempo, una de sus iniciativas más polémicas. Desde su aprobación, ha enfrentado la oposición de políticos y compañías aseguradoras.
Unas 50 millones de personas no tenían seguro médico en 2010, según datos del Censo de Estados Unidos. Hasta el momento, solo la quinta parte se ha adherido a la reforma sanitaria.
Ese es el caso de la Liberty Sizemore, quien tuvo recientemente su primera cita con un médico en siete años. “Estoy muy feliz”, dijo a BBC. “No he tenido el seguro desde que cumplí los 19.”
“Iré al hospital solo en caso de emergencia”, aseguró la joven, que todavía está pagando una factura de 10 mil dólares por la eliminación de su apéndice hace dos años.
Ahora califica además para Medicaid, el programa del gobierno que paga por el cuidado de salud para los estadounidenses más pobres.
Con la reforma el gobierno federal ofrece a los estados dinero para ampliar Medicaid. Pero Sizemore tiene suerte de vivir en Kentucky, porque la Corte Suprema dictaminó que esa disposición sería opcional para los estados.
Ese es uno de los fallos que ponen en peligro la implementación de la ley. Por otra parte, recientemente la Corte Suprema decidió que las empresas tienen derecho a negarse a proporcionar anticoncepción gratuita por razones religiosas.
Obamacare estipulaba que las empresas con más de cincuenta empleados incluirían en sus seguros de salud el subsidio de los anticonceptivos, medida que resultó polémica desde sus inicios.
El año pasado, los Institutos Nacionales de la Salud —organismos del gobierno de Washington— analizaron la situación médica en los 17 países de más altos ingresos. Estados Unidos tuvo la mayor tasa de prevalencia de mortalidad infantil, enfermedades cardíacas y pulmonares, infecciones de transmisión sexual, embarazos de adolescentes y homicidios. ¿Cómo entender entonces que el país más rico ponga frenos a la atención médica?
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-Ohio), considera que Obamacare “perjudica la economía y hace que sea más difícil para las pequeñas empresas a contratar”.
“Por eso los republicanos mantienen su compromiso de derogar la ley y reemplazarla con soluciones que reduzcan los costos de atención de salud y proteger los empleos estadounidenses.”
Hay mucho de oportunismo en sus palabras. En un país donde los gobernantes parecen más preocupados por la próxima elección que por el bienestar social, los republicanos han saboteado cada una de las iniciativas del actual presidente.
Así, por ejemplo, el ex candidato presidencial Mitt Romney implementó una reforma sanitaria en Massachusett mientras fue gobernador de ese estado. Sin embargo, cuando competía con Obama por la Casa Blanca criticó firmemente Obamacare.
Hay otros motivos para aquellos que critican la reforma. Los más conservadores —tanto políticos como ciudadanos comunes— consideran que los programas de asistencia social son un lastre.
Son los mismos que opinan que el gobierno debe ser pe-queño, que el sueño americano está al alcance de la mano, que la meritocracia siempre funciona y que, por lo tanto, los pobres lo son porque no han trabajado lo suficiente para salir de esa condición. No les alcanza la lógica para comprender que su sistema está diseñado para que las riquezas se concentren en unos pocos.
Junto con la reforma de salud, la Casa Blanca propuso subir los impuestos a los más ricos, como una forma de combatir el déficit fiscal sin recortar programas sociales. Pero los de mayores ingresos no entienden por qué deberían pagar más para que los pobres tengan acceso a atención médica.
Es un problema cultural, argumenta Luis Felipe Arango, Director General del Programa de Pacientes Internacionales de la Universidad de California en San Diego. “Estados Unidos tiene que aprender también que tiene pobres y que tiene que ejercitar el músculo de la solidaridad, dormido hace 200 años”.
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