La 31ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP31) concluyó este domingo sin un consenso global, tras 44 horas de prórroga que la convirtieron en la cumbre más larga de la historia. El texto final propuesto por la presidencia turco-australiana, bautizado como Pacto de Antalya, no logró el respaldo necesario y dejó al descubierto una profunda fractura entre el Norte y el Sur globales.
El principal escollo fue la negativa de la Unión Europea, el Reino Unido, Panamá y varios Estados insulares del Pacífico a endorsar un documento que eliminó toda mención explícita a la transición energética. «No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera menciona los combustibles fósiles, el motor clave del cambio climático», sentenció el ministro de Clima de Irlanda, Darragh O'Brien, en nombre de la UE. Más de 130 países habían exigido una hoja de ruta clara para abandonar el carbón, el petróleo y el gas, pero el borrador final se limitó a reiterar el Consenso de EAU de la COP28, sin imponer nuevas obligaciones. La sociedad civil calificó el resultado de «decepcionante», advirtiendo que la inacción de «sobrevida al sector fósil».
En el plano financiero, el retroceso fue igualmente palpable. El segundo borrador del acuerdo suprimió la referencia a la meta de 120 000 millones de dólares anuales hasta 2035 para la adaptación de los países en desarrollo, un compromiso que venía desde la COP30 de Belém. Aunque el texto final recuperó una mención al artículo 9.1 del Acuerdo de París —que obliga legalmente a los países desarrollados a aportar recursos—, dejó la cifra concreta en manos de un informe técnico y remitió cualquier hoja de ruta a la COP32. Esta dilación fue denunciada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien calificó de «egoísta» la actitud de las naciones industrializadas y advirtió que aumentará los costos de adaptación para el Sur global, especialmente para los pequeños Estados insulares.
La brecha entre lo prometido y lo entregado se hizo aún más evidente en el capítulo de pérdidas y daños. El borrador final eliminó los datos críticos sobre la falta de liquidez del fondo: las solicitudes de los países afectados ascendían a 2 800 millones de dólares frente a apenas 342 millones disponibles, y solo la mitad de los 822 millones prometidos se había desembolsado. En lugar de un diagnóstico, el texto se limitó a un «llamamiento diplomático».
El fracaso de la COP31 se produce en un contexto de urgencia científica. Un fenómeno El Niño excepcionalmente fuerte podría llevar a 49 millones de personas más a una situación de inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027, según proyecciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA). La ONU estima que los países en desarrollo necesitan 300 000 millones de dólares anuales para adaptarse, mientras en 2024 solo recibieron entre 28 000 y 32 000 millones en financiación pública.
La justicia climática sigue siendo una asignatura pendiente. La falta de un pacto vinculante no exime a los responsables históricos de su deuda con las naciones vulnerables, cuya supervivencia depende de recursos predecibles y no de promesas postergadas. La COP31 termina sin acuerdo, pero deja una verdad al descubierto: las promesas sin recursos son propaganda y la justicia climática exige hechos, no discursos.








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