Carlos Josué Marchena Marchena tenía 36 años y cuatro hijos. Era costarricense, trabajaba como conductor y padecía diabetes tipo uno. No murió en un accidente. No murió de una enfermedad repentina. Murió, según denunció su familia, porque nadie le dio la insulina que necesitaba para vivir mientras se encontraba preso. El 18 de septiembre fue hallado inconsciente en el Centro Correccional de Winnfield, en Luisiana. El personal intentó reanimarlo y lo trasladó en ambulancia a un hospital, donde se confirmó su muerte.
Cuatro hijos. Esa es la frase que su hermana Franciny repite como un martillo cada vez que habla de él. Cuatro niños que esperaban a su papá. Un hombre que llamaba por teléfono a su pareja, Ana León Castro, para contarle que las pastillas no le hacían efecto. Un padre que, horas antes de morir, cerca de la medianoche, marcó el número de siempre para decir que seguía enfermo.
La familia denunció que Carlos no recibía la insulina, la comida ni el agua necesarias para controlar la diabetes. Su hermana, su pareja y Luis Herrera Andy –un hondureño alojado en la celda contigua– relataron que él advirtió sobre las dificultades para acceder a su medicación, alimentos y agua durante sus traslados entre centros de distintos estados. Según esos testimonios, su condición de salud empeoró después de llegar a Winn, donde permaneció menos de una semana antes de morir.
La insulina no es un lujo. Para una persona con diabetes tipo uno es como el aire que respira. El doctor Rajesh Garg, responsable de la unidad de diabetes del Harbor-ucla Medical Center, lo explicó con la claridad de quien conoce el cuerpo humano: las personas con ese cuadro clínico necesitan recibir insulina, comida y agua a intervalos regulares para mantener controlados los niveles de azúcar en sangre. «Si no hay comida y agua adecuadas, eso va a estresar su sistema», advirtió. Carlos no recibió ni lo uno ni lo otro. Y su cuerpo, sencillamente, colapsó.
Una vez en Winn, Carlos les contó a su hermana y a su pareja que tenía dolor en el pecho y que no recibía suficiente agua ni comida. Herrera, el detenido vecino, afirmó que la insulina se le aplicaba de manera irregular. Relató que un médico le dio pastillas para el dolor en el pecho y que Carlos regresó enojado por la atención recibida. El día anterior a que lo encontraran inconsciente, según Herrera, Carlos padecía dolor de cabeza y de estómago, escalofríos y vómitos; estaba pálido, con una tonalidad violácea en la piel y sudaba intensamente.
Horas antes de morir, cerca de la medianoche, llamó a su pareja para contarle que las pastillas no le estaban haciendo efecto. Esa fue la última vez que Ana escuchó su voz.
La empresa LaSalle Corrections, que administra el establecimiento junto con la oficina del sheriff de Winn Parish, indicó por medio de su vocero, que la muerte está bajo revisión y que la compañía está comprometida con «los más altos estándares de atención». No respondió preguntas.
Ice tampoco respondió cuando se le preguntó por la negativa a las solicitudes de fianza y deportación voluntaria a Costa Rica que, según la familia, presentó Carlos. Un padre de cuatro hijos pidió volver a casa.
Pidió fianza. Pidió una deportación voluntaria. Pidió, en el fondo, la oportunidad de seguir vivo y le dijeron que no.
Con este caso, son al menos 58 los detenidos del ice que han muerto desde que la actual administración comenzó su mandato, en enero de 2025. Carlos es el tercer detenido que fallece en menos de seis meses en un centro del ice en Luisiana; otros dos murieron en ese complejo desde abril. El centro de Winn ya había sido objeto de cuestionamientos oficiales.
En junio, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe sobre una inspección que detectó incumplimientos en la atención médica, el servicio de comidas y el uso de la fuerza, entre otros aspectos. El informe existía. Las advertencias existían. Carlos, sin embargo, no existía para quienes debían cuidarlo.
Había ingresado a Estados Unidos en febrero de 2021 sin estatus legal, según ice. Tenía condenas previas por delitos menores de fraude en comercios y destrucción de propiedad. En enero fue detenido por la policía del condado de Ottawa, en Michigan, por agresión. En julio, un juez de inmigración ordenó su deportación.
Ninguno de esos cargos lo convertía en alguien que mereciera morir sin insulina. Tampoco en alguien que no tuviera derecho a la comida, al agua, a la atención médica. Por ninguno de esos cargos se quita el derecho a vivir.
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