A una semana de la segunda vuelta presidencial en Brasil, dos investigaciones periodísticas revelaron aspectos inquietantes de la disputa digital entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Mientras mensajes internos de Meta reconocían restricciones que perjudicaron las cuentas del mandatario brasileño, otra investigación descubría pagos de la campaña de su adversario a una empresa vinculada con la oferta de tecnologías de manipulación electoral. Son hechos distintos, sin una conexión operativa demostrada, pero ambos plantean una misma pregunta: ¿quién controla realmente las condiciones en que los ciudadanos reciben información para decidir su voto?
El 16 de octubre, Folha de S.Paulo publicó comunicaciones internas de empleados de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que reconocían problemas en las cuentas de Lula. Según la investigación, el 9 de octubre su campaña estuvo impedida de promocionar publicaciones durante casi 24 horas, lo que habría privado a 1,3 millones de personas de recibir sus anuncios, de acuerdo con estimaciones del equipo electoral. Paralelamente, las plataformas recomendaban el perfil de Flávio Bolsonaro y su canal de WhatsApp.
Estas restricciones ilustran el poder de los algoritmos, sistemas informáticos que seleccionan qué publicaciones aparecen en nuestras pantallas, cuáles alcanzan mayor difusión y cuáles permanecen prácticamente invisibles. No hace falta eliminar una noticia para reducir su impacto. Basta con limitar las recomendaciones, impedir que se comparta o dificultar su circulación. Meta atribuyó los incidentes a fallas técnicas que afectaron diferentes cuentas y negó cualquier favoritismo político. Sin embargo, reconocer un problema técnico no elimina sus posibles consecuencias electorales.
El Tribunal Superior Electoral brasileño intervino para impedir restricciones injustificadas y exigir igualdad de tratamiento entre ambos candidatos. También prohibió que las herramientas de inteligencia artificial de Meta favorecieran a alguno de ellos. La decisión evidencia una contradicción: las autoridades nacionales deben garantizar elecciones democráticas, pero una parte decisiva de la circulación informativa depende de sistemas privados cuyo funcionamiento no pueden supervisar.
Ese mismo 16 de octubre, The Intercept Brasil reveló otro elemento. La campaña de Flávio Bolsonaro había pagado 600 000 reales (118 mil dólares) a Elytron, empresa de ciberseguridad que intentó comercializar en Estados Unidos un sistema de inteligencia artificial destinado a influir clandestinamente en elecciones. El Partido Liberal registró otros 131 900 reales (26 mil dólares). Los documentos describían operaciones de recopilación masiva de datos, identificación de electores, creación de cuentas falsas y difusión organizada de desinformación.
Las dos investigaciones muestran riesgos complementarios. Por un lado, las plataformas pueden condicionar la visibilidad de los candidatos mediante decisiones algorítmicas difíciles de auditar. Por otro, empresas especializadas ofrecen instrumentos para fabricar identidades digitales, explotar información personal y dirigir mensajes engañosos hacia sectores específicos del electorado.
Brasil enfrenta así un desafío que trasciende sus fronteras. Cuando unas pocas corporaciones extranjeras concentran la distribución de información y empresas privadas comercializan tecnologías de influencia encubierta, la soberanía electoral queda expuesta a poderes que no reciben un solo voto. Exigir transparencia a estas plataformas, auditorías independientes y responsabilidades legales no significa censurar el debate público, sino protegerlo.
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