¿Cuánta droga no llegó al mercado de EE. UU. por las acciones de vigilancia y enfrentamiento cubano en sus fronteras, a pesar de las carencias y limitaciones generadas por el recrudecido estrangulamiento económico y cerco energético de la Casa Blanca?
¿Cuántas salidas ilegales, fraudes migratorios e intentos de tráfico y trata de personas frustraron las autoridades competentes cubanas, cuyos protagonistas tenían como destino principal el territorio estadounidense, y muchas veces estimulados por incitadores desde aquel país?
¿Cuántas comunicaciones de alertas sobre movimientos sospechosos de naves y aeronaves de narcotráfico y migración irregular o de presencia de delincuentes internacionales capturados y de interés de los órganos de cumplimiento y aplicación de la Ley?
¿A cuántos requerimientos informativos del Servicio de Guardacostas y otras agencias especializadas, sus contrapartes cubanas dejaron de responder, y cuándo Washington respondió a las solicitudes de información o repatriación de autores de delitos graves en Cuba o contra sus sedes oficiales en el exterior interesados por la justicia cubana?
¿Cuánta información detallada ha entregado Cuba a EE. UU. sobre planes terroristas, campos de entrenamiento, organizaciones, embarcaciones, armamento y personas que han tramado acciones violentas contra Cuba e incluso sobre funcionarios y entidades estadounidenses? ¿Cuántos han sido juzgados?
¿Quién dejó de cumplir con los 22 mecanismos de cooperación bilateral rubricados por los gobiernos de Cuba y EE. UU., la mayoría de los cuales tributan a la seguridad internacional, regional e interna de ambos países?
¿Quién suspendió las rondas de conversaciones migratorias, un empeño sostenido en el tiempo pese a la tensión de las relaciones bilaterales, para defender la migración legal, segura y ordenada? ¿No será un tema importante para una administración tan comprometida con un punto altamente sensible?
Podríamos hacer muchas otras preguntas asociadas a informaciones muy significativas aportadas por Cuba, incluso sobre planes de magnicidio, u ofrecimientos de colaboración ante otras circunstancias complejas, como las brindadas a raíz del 11 de septiembre de 2001.
Cuba siempre ha cumplido la palabra empeñada, los acuerdos bilaterales y sus compromisos internacionales en materia de seguridad.
Entre 1990 y noviembre de 2025, las Tropas Guardafronteras cubanas enviaron al Servicio de Guardacostas de EE. UU. 1 547 informaciones de inteligencia y solo recibió 468, entre respuestas y reportes de la parte estadounidense.
Y no es solo con los servicios homólogos estadounidenses; las Tropas Guardafronteras fomentan la cooperación operacional en el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas, con los servicios de la región; intercambia información de inteligencia, características de las lanchas y elementos de maniobra.
Fruto de esa cooperación y de la vigilancia permanente de las fuerzas que protegen nuestras fronteras marítimas y las costas, es la detención y captura de 14 lanchas rápidas y 39 narcotraficantes, con un total de 4 487,47 kg de droga en los últimos años, lo que constituye el mejor aval de la materialización de la voluntad de luchar contra las drogas ilícitas y el narcotráfico internacional en cualesquiera de sus manifestaciones. Se trata de lanchas que transitan próximas a aguas cubanas, con destino a países vecinos.
Constituyen respuestas contundentes e incuestionables por la seguridad regional que se sintetizan en las más de 40 toneladas de drogas que Cuba ha incautado en los últimos 14 años, y que tenían como destino el mercado de drogas de EE. UU.
En la frontera aérea, las fuerzas del Ministerio del Interior y de la Aduana General de la República enfrentan sin descanso planes comprobados, de cubanos y extranjeros radicados en el exterior, de introducir enervantes al territorio nacional a través de la vía aérea, con el empleo de pasajeros, cargas y envíos postales, combinando modos de operar y enmascarar los tradicionales con otros novedosos.
Entre 2024 y 2025, se han obstaculizado 72 operaciones con distintos tipos de drogas –cocaína, metanfetaminas y cannabinoides sintéticos– desde 11 países, siendo el principal emisor Estados Unidos; país con el que, desde el año 2016, se tiene un convenio de cooperación en materia de droga, no lográndose instrumentar sus procedimientos para el intercambio efectivo, aunque Cuba mantiene su disposición a la colaboración y no ha dejado de informar sobre estas incidencias y sus organizadores.
Cuba es Estado parte y signatario de las tres convenciones de Naciones Unidas en materia de drogas, lo que implica el cumplimiento riguroso de los compromisos internacionales asumidos. La Isla es además miembro activo del Mecanismo de Cooperación contra las Drogas Ilícitas de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, conocido como mecanismo Copolad, y mantiene vigentes acuerdos gubernamentales de cooperación bilateral con más de 45 países en el ámbito del enfrentamiento a las drogas.
Asimismo, la nación caribeña sostiene estrechos nexos de colaboración en materia operacional y de intercambio de información con 66 agencias internacionales, fundamentalmente con Interpol y sus oficinas nacionales en los distintos países. En el terreno de la cooperación jurídica, Cuba ha suscrito acuerdos de asistencia legal en materia civil, en materia penal y de traslado de personas sancionadas con más de 55 naciones, lo que demuestra la voluntad del Estado cubano de articular respuestas globales.
El Minint sostiene el intercambio informativo con 37 puntos de contacto con servicios antidrogas, y con la Oficina Central Nacional Interpol-La Habana mantiene circulados a 58 cubanos y dos extranjeros por el delito de tráfico ilícito de drogas (12 residen en EE. UU. y no han actuado sobre ellos); y realiza encuentros con los representantes de los servicios antidrogas y de frontera de varios países acreditados en nuestro territorio nacional.
Son muchos argumentos, pruebas, gestos, estadísticas, hechos concretos que confirman la voluntad política de Cuba de hablar en serio y hacer juntos por el bienestar y la seguridad de nuestros pueblos, sin alardes ni excesos, sin amenazas ni mentiras, con respeto y profesionalidad, que es como lo establece nuestra Constitución y el derecho internacional.
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