Desde este domingo, una llamada al servicio al cliente, un anuncio en redes o una conversación comercial en Europa pueden mostrar una novedad: un aviso de que interviene inteligencia artificial. No significa que la tecnología haya llegado ahora, sino que desde el 2 de agosto de 2026, ciertas formas de usarla deben hacerse visibles. La etiqueta revelará cuánto tiempo llevábamos conviviendo con máquinas sin notarlo.
La obligación nace del artículo 50 de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La norma exige informar cuando una persona interactúa directamente con un sistema automatizado, salvo que resulte evidente; también obliga a marcar contenidos sintéticos y a advertir sobre reconocimiento de emociones, categorización biométrica y determinados textos de interés público sin revisión humana. Su propósito declarado es reducir el engaño y permitir decisiones más informadas.
La escena más clara es el chatbot (programa que conversa automáticamente). Una empresa no debería permitir que el usuario crea hablar con una trabajadora cuando responde un sistema. Algo parecido ocurre en centros de llamadas que analizan la voz para inferir frustración o estados emocionales: deben advertirlo desde el inicio. La transparencia importa porque una máquina no escucha como una persona; clasifica señales según modelos diseñados por alguien y con fines concretos.
Otro foco son los deepfakes (ultrafalsos): imágenes, audios o videos fabricados o manipulados para parecer auténticos. Las empresas deberán identificarlos de manera clara, mientras los proveedores incorporan marcas legibles por máquinas, señales técnicas que otros programas puedan detectar. Pero la ley no ordena colocar el mismo cartel sobre cualquier retoque menor: la Comisión excluye la edición estándar que no altera sustancialmente el contenido. Esa distinción evita confundir una corrección ortográfica con una falsificación política.
Los analistas, sin embargo, advierten que las etiquetas podrían abrumar y dar pie a la «fatiga de divulgación». Cuando cada pantalla contiene un aviso, el público aprende a cerrarlo sin leer. Europa ya conoce ese problema por los mensajes que advierte de la presencia de
cookies (cada vez que se abre una página web europea sale un cartel que dice que tus datos quedan guardados en servidores de esa comunidad), una medida que responde al Reglamento General de Protección de Datos, vigente desde 2018. La advertencia repetida hasta el cansancio puede cumplir formalmente la ley, pero fracasar como información, porque los usuarios dan click sin siquiera mirar lo que tienen delante.
El riesgo no invalida la medida, pero obliga a pensar qué debe destacar una etiqueta. No es igual que un filtro suavice una fotografía a que una voz falsa atribuya palabras a una candidata electoral. Tampoco basta decir «hecho con IA» si se oculta quién encargó el contenido, qué datos utilizó el sistema o qué interés comercial persigue. La transparencia útil necesita jerarquía, contexto y responsabilidad humana identificable.
Las sanciones alcanzan 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial anual de la empresa incumplidora (es muy probable que caigan las grandes plataformas de redes sociales), aunque existen reglas de proporcionalidad para compañías pequeñas. La vigilancia recaerá principalmente en autoridades nacionales; la Oficina Europea de Inteligencia Artificial tendrá funciones específicas y limitadas.
La nueva ley hará visible una infraestructura que ya organiza recomendaciones, atención comercial, imágenes y comunicaciones. Sin embargo, saber que intervino una máquina es apenas el primer paso. Quedan las preguntas decisivas: quién controla el sistema, quién gana con su uso, a quién vigila y quién puede impugnar una decisión automatizada.
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