Cada noche, millones de personas guardan fotos, documentos o mensajes en «la nube» sin pensar dónde están realmente. La nube es, en términos sencillos, una red de computadoras ajenas que almacena y procesa datos a distancia. Esa comodidad cotidiana tiene una cara amable y otra diabólica. La misma infraestructura que conserva una tarea escolar puede ordenar enormes bases de datos, cruzar identidades y alimentar sistemas de vigilancia o decisiones militares.
El caso de Microsoft muestra que ese riesgo ya no es hipotético. El diario digital Wired informó este domingo que una investigación externa halló indicios de que el Ministerio de Defensa israelí utilizó almacenamiento de Azure y otros servicios de inteligencia artificial de la empresa. Microsoft suspendió en septiembre de 2025 determinadas suscripciones, pero el informe público no estableció cómo se empleó la tecnología ni si contribuyó a operaciones de vigilancia en Gaza.
Aquí aparece un concepto clave que ahora denuncian expertos y activistas por los derechos digitales en Estados Unidos: «debida diligencia», es decir, la obligación de detectar y prevenir daños antes de que ocurran, no de revisar contratos después del escándalo. La relatora especial de la onu Francesca Albanese sostuvo en 2025 que las empresas deben evitar la complicidad en violaciones de derechos humanos. El problema es que la investigación de Microsoft llegó tras investigaciones periodísticas y protestas de trabajadores, no como resultado de un control preventivo.
Microsoft tampoco es una excepción aislada. Desde 2021, Google y Amazon sostienen el Proyecto Nimbus, un contrato de 1 200 millones de dólares para suministrar servicios de nube e inteligencia artificial al gobierno israelí. Meta, por su parte, encargó una revisión, pero el estudio encontró mayor censura de los contenidos en árabe, incluida la eliminación de voces palestinas, y fallas en la aplicación de sus propias normas.
Las plataformas suelen presentarse como tuberías neutrales: venden capacidad de cómputo, moderan publicaciones o conectan anunciantes. Pero escoger clientes, diseñar filtros y aceptar ciertos usos también son decisiones políticas. Como explicó a Wired Lama Nazeeh, de la organización palestina 7amleh, la tecnología estadounidense llega al aparato israelí mediante la infraestructura, el gobierno de las plataformas y la economía digital. Cuando una compañía domina varias capas, fiscalizarla resulta mucho más difícil.
Para Cuba, esta discusión importa de manera inmediata. El bloqueo estadounidense no solo encarece equipos y pagos. También restringe el acceso desde direcciones cubanas a software, plataformas educativas y servicios como Google Cloud, Zoom o Webex. Ejecuta, además, filtros algorítmicos para impedir que los contenidos emitidos desde nuestro país aparezcan recomendados a terceros y tengan visibilidad en las plataformas, como hemos comentado antes en esta columna. Un informe del Secretario General de la onu, publicado en agosto de 2025, documentó barreras para formarse en ciberseguridad, inteligencia artificial y computación en la nube. Depender de proveedores extranjeros implica quedar expuestos a decisiones tomadas fuera del país.
Gaza deja otra dura advertencia. Una empresa tecnológica no se vuelve neutral por llamar «servicio» a lo que vende, ni queda exonerada por abrir una investigación cuando la prensa ya ha revelado el daño. Si los datos pueden transformarse en un arma, los pueblos tienen derecho a saber quién los almacena, con qué fines se utilizan y bajo qué autoridad se administran. Conviene no olvidarlo: la «nube», en términos tecnológicos, no es una abstracción, sino la computadora de otro. Y quien controla esa infraestructura domina también la información, el poder y la capacidad de decisión. En un modelo de negocio basado en la explotación de los datos, confiar ciegamente en esa nube equivale a entregar soberanía.
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