Coerción económica y amenaza naval: el asedio a la autodeterminación de Cuba

En una demostración de que la diplomacia del garrote nunca pasó de moda, Washington ha decidido combinar dos instrumentos clásicos de su política exterior –el castigo económico y el matonismo naval– para presionar a Cuba y forzar un «cambio de régimen.

El nuevo paquete de medidas, formalizado mediante una orden ejecutiva (OE) presidencial, activa el bloqueo de cualquier propiedad bajo jurisdicción estadounidense, de personas o entidades que mantengan operaciones en los sectores energético, de defensa, minero y de servicios financieros cubanos, así como en cualquier otro ámbito que determinen en el futuro los departamentos del Tesoro y de Estado.

La disposición entra en vigor sin plazo de notificación ni periodo de gracia, lo que incrementa la incertidumbre jurídica de los operadores económicos.

Sin duda, el componente más disruptivo de la orden ejecutiva reside en su cláusula extraterritorial, las instituciones financieras extranjeras que faciliten una «transacción significativa» a favor de entidades cubanas sancionadas quedarán expuestas a la desconexión del sistema financiero estadounidense.

Asimismo, niega el ingreso a Estados Unidos, en calidad de inmigrantes o no inmigrantes, de extranjeros que no cumplan con uno o más de los criterios establecidos en la OE, incluso, ser familiar adulto de una persona designada en virtud de esta orden, es sancionable.

La imposición de castigos al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contraviene la Carta de la ONU, expertos de esa organización internacional, han condenado en reiteradas ocasiones las medidas coercitivas estadounidenses contra Cuba, calificándolas como «una grave violación del Derecho internacional».

El impacto real de estas medidas se mide en la vida cotidiana de la población civil, la falta de energía eléctrica, ha obligado a posponer miles de intervenciones quirúrgicas y a interrumpir tratamientos oncológicos, mientras la población sufre carencias, que no son mayores, gracias a la eficacia del sistema cubano y su sentido de la justicia y la igualdad.

Por otro lado, apenas unas horas después de firmar la orden ejecutiva, el presidente estadounidense declaró ante un auditorio empresarial que «tomará el control de Cuba casi de inmediato» y añadió que, haría que el portaviones USS Abraham Lincoln, se estacionara a unos cien metros de la costa cubana, entonces, según él, los isleños, dirían «muchas gracias, nos rendimos».

Las palabras pronunciadas representan, en el lenguaje de la diplomacia, una amenaza de uso de la fuerza contra un Estado soberano, prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y recuerdan los tiempos de la Enmienda Platt.

De este modo, la secuencia de decisiones adoptadas desde enero –cierre del suministro petrolero, sanciones secundarias a bancos y ahora el amago de intervención militar– dibuja los contornos de una escalada muy peligrosa y absurda contra la Mayor de las Antillas.

Mientras, la comunidad internacional ha reaccionado ante la escalada, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) emitió un comunicado de condena y exhortó a Washington a «privilegiar el camino del diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos».

Cabe preguntarse, por qué insistir con tozudez en una política fracasada, cuando la evidencia acumulada a lo largo de seis décadas de bloqueo, sugiere que la coerción económica y la amenaza del uso de la fuerza, lejos de provocar un cambio político, refuerzan la cohesión interna de la sociedad cubana y su decisión de resistir.

Fuentes: The White House (gov), Estate Gov. (US Department of State), RTVE, La Razón, DW, TeleSUR, ABC.