La adicción programada va a juicio

Tenía 13 años cuando empezó a pasar horas mirando videos cortos y fotos que nunca terminaban. Su madre cuenta que primero fueron cambios leves: menos sueño, más irritabilidad, dificultad para concentrarse. Luego llegaron la ansiedad, el aislamiento y pensamientos autolesivos.

Ese testimonio –el de una joven identificada como K.G.M. en un tribunal del condado de Los Ángeles, California– abre uno de los procesos judiciales más importantes contra las grandes plataformas digitales en Estados Unidos. Su caso es ahora el primero que llega a juicio dentro de una avalancha de demandas que acusa a las redes sociales de haber sido diseñadas deliberadamente para generar adicción en menores.

El proceso enfrenta a Meta Platforms (propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp) y a Google, responsable de YouTube. Más de 2 000 demandas similares –presentadas por familias y por distritos escolares– avanzan en paralelo en tribunales estatales y federales. El caso de K.G.M. funciona como «juicio piloto»: lo que aquí se decida marcará el rumbo del resto.

Las acusaciones no se limitan a contenidos violentos o inapropiados. El centro del conflicto es el diseño del producto. Los demandantes señalan el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes y los sistemas de recomendación algorítmica. Sostienen que no son herramientas neutrales, sino mecanismos pensados para retener atención, especialmente la de adolescentes. En esa lógica, la atención se convierte en tiempo de permanencia y esto genera ingresos millonarios.

La explicación económica es directa. Cada segundo en pantalla produce datos, que permiten inferir hábitos y preferencias. Con esa información, la plataforma ofrece a anunciantes una segmentación precisa. Así, cuanto más tiempo conectado, más impresiones publicitarias, más optimización y más beneficio.

En el juicio de Los Ángeles se discuten documentos internos y correos corporativos que, según los demandantes, reflejan debates sobre salud mental juvenil y advertencias técnicas subordinadas a objetivos comerciales. Está citado a declarar Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, y también se espera la comparecencia de Mark Zuckerberg. La intención es establecer si hubo conocimiento del riesgo y si se adoptaron decisiones que aumentaron la adicción de los menores.

El litigio incluye otras vías. En Santa Fe, Nuevo México, el Fiscal General Estatal ha llevado a Meta a juicio por supuestas prácticas engañosas y fallas de protección frente al acoso y la explotación. En paralelo, el grueso de las reclamaciones está concentrado en un procedimiento federal coordinado en el Distrito Norte de California, con sede en el área de San Francisco, donde avanzan las demandas de cientos de distritos escolares y familias.

Las compañías responden que ofrecen controles parentales, límites de tiempo y herramientas de bienestar, y que la responsabilidad última recae en las familias. Añaden que la salud mental tiene múltiples causas. Pero el hecho de que estos casos hayan llegado a juicio ya desplaza el foco desde la culpa individual hacia la ingeniería del sistema y hacia el poder de unas pocas corporaciones privadas para moldear las conductas de millones de usuarios en Internet.

En juego está también la capacidad de escuelas, familias y Estados para fijar reglas comunes en un espacio privatizado. En ningún caso se trata de demonizar la tecnología, sino de diseñarse de otro modo.