La brújula de la nueva administración boliviana parece no apuntar a los pueblos del Sur Global ni a los medios contrahegemónicos que se niegan a hacerles el juego a los grandes conglomerados (des)informativos.
¿Atentan Telesur y RT contra el blindaje mediático de la extrema derecha, que intenta posicionar y extender su poder en la región?
Los hechos hablan por sí solos: recientemente la empresa estatal de Telecomunicaciones Entel S.A., de Bolivia, sacó del aire las señales de ambos medios. Los canales 204 y 206 –informó a sus siete millones usuarios– ya no formarán parte de los servicios de fibra ótica ni de televisión satelital. Tampoco estará disponible su aplicación móvil. La justificación: «temas administrativos»; hasta que, más tarde, alegó que la decisión responde a una «reorganización de la parrilla de televisión».
«Tan previsible como condenable: el Gobierno de Bolivia retira nuestra señal de la plataforma Entel. No hay razones, lo esgrimido no engaña a nadie. Bolivia, tú lo sabes, seguimos juntos», publicó en sus redes sociales la presidenta de la multinacional Telesur, Patricia Villegas.
Sobre el trasfondo de esta medida no hay mucho camuflaje. Sin duda, los aludidos temas administrativos y la reorganización tienen que ver directamente con un cambio radical que entraña algo más que un cerco informativo.
La maquinaria detrás de esa censura sin atajos sigue un patrón que gestiones anteriores trazaron en la nación andina e, incluso, sobrepasa los límites geográficos.
Recordemos que, en 2019, bajo el gobierno de Jeanine Áñez, fue retirada la señal de Telesur, debido a –según se excusó Entel– supuestos «problemas técnicos». No fue hasta el año siguiente, en noviembre de 2020, tras el ascenso de Luis Arce, cuando se retomó la transmisión de la multinacional como parte de la parrilla boliviana.
Tampoco puede pasarse por alto que, en noviembre de 2016, el Parlamento Europeo tuvo a bien aprobar una resolución en torno a la necesidad de «contrarrestar» a los medios rusos. Afín con esa lógica, se han impuesto luego numerosas sanciones a los principales medios de ese país, las cuales incluyen la prohibición de actividades de difusión dentro de las naciones miembros de la Unión Europea.
Esta vez, las políticas antirrusas han trascendido las fronteras.
Al decir del expresidente Evo Morales, esta reciente acción tuvo lugar «cumpliendo instrucciones del Gobierno de Estados Unidos y vulnerando de manera flagrante los derechos a la información y a la comunicación del pueblo boliviano». El líder indígena la calificó como «un grave atentado contra la Constitución Política del Estado».
La condena a esta forma de guerra mediática ha estado también en voz de agrupaciones internacionales, como es el caso de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.
La censura, lejos de callar, grita a toda voz que el fantasma del fascismo pataletea por quedarse en este mundo, y «embruja» así a cuanto gobierno le cede terreno y poder. Ante esto, la flecha de rumbo de la brújula en Bolivia tiene claro su «Norte».
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