Una carta cambió el tono del debate en Australia sobre internet. A principios de 2024, el primer ministro de ese país, Anthony Albanese, recibió el mensaje de Kelly O’Brien, una madre que relataba la pérdida de su hija de 12 años, Charlotte, en un contexto de acoso escolar en el que las dinámicas de redes sociales habían tenido un papel determinante.
La carta impresionó a Albanese hasta el punto de llamar a la madre devastada; y esa experiencia, que conmocionó a Australia, fue esencial para la decisión del primer ministro de avanzar hacia una restricción por edad en las redes sociales. No fue el único catalizador, pero sí un símbolo. El inmenso país pasó de hablar de «recomendaciones para familias» a diseñar una obligación legal directa para las plataformas, la mayoría estadounidenses.
Australia ha puesto en marcha un precedente regulatorio que es observado por gobiernos y empresas tecnológicas de todo el mundo. Impide que menores de 16 años tengan cuentas en determinadas redes sociales, para mitigar los riesgos que impactan en la salud mental y la seguridad infantil en entornos digitales.
La norma se llama Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024; fue aprobada por el Parlamento el 29 de noviembre de 2024 y tiene fuerza legal efectiva desde el pasado 10 de diciembre. El enfoque marca otro precedente importante: no se penaliza a los adolescentes, sino que la responsabilidad recae sobre las plataformas.
Responde a una pregunta clave: ¿qué servicios están «dentro» o «fuera» del país? La ley define el ámbito de forma amplia, al incluir dentro de la jurisdicción nacional servicios cuyo propósito (único o significativo) sea facilitar interacción social entre usuarios australianos, permitir que se vinculen o interactúen y que publiquen contenido. En la guía oficial se citan como ejemplos de plataformas cubiertas en la ley a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X (antes Twitter) y YouTube, entre otras.
Las reacciones han sido intensas y diversas. El Gobierno de Anthony Albanese defendió el veto como una intervención de salud pública y bienestar, asociada a riesgos como acoso, problemas de imagen corporal y diseños adictivos. Pero, del otro lado, empresas y expertos han advertido sobre efectos secundarios: migración de adolescentes hacia espacios menos regulados, desigualdad en la aplicación y dudas sobre si el enfoque «por edad» resuelve los problemas estructurales de diseño y moderación.
Unicef, por ejemplo, alertó que las restricciones por edad no sustituyen mejoras de diseño y moderación. Y la plataforma Reddit presentó un desafío ante el High Court australiana en el que argumenta, entre otros puntos, impactos sobre privacidad y libertad de comunicación política.
Pero el apoyo a medidas nacionales de este tipo no se ha hecho esperar. Dinamarca, por ejemplo, ya valora una ley similar; mientras los analistas coinciden en que el «experimento australiano» puede acelerar una convergencia global. Más países exigirán garantías de edad, más plataformas deberán rediseñar sus onboarding (proceso de entrada de un usuario a una red) y mejorar el control de cuentas, y más se tensará el equilibrio entre seguridad infantil y privacidad.
Si Australia logra demostrar eficacia sin crear un sistema de verificación masiva invasivo, su norma se convertirá en una plantilla mundial. Si fracasa o se judicializa de forma sustantiva, servirá de advertencia sobre los límites del enfoque prohibitivo. En ambos casos, el debate ya dejó de ser teórico: la regulación del acceso de menores a redes sociales ha entrado en fase de implementación.
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