La Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó este sábado sobre violaciones persistentes y agravadas a los derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Javier Milei. En un informe del organismo internacional, expresó cuestionamientos respecto del uso excesivo de la fuerza en marchas y manifestaciones, la detención prolongada de personas en comisarías, los abusos policiales, el aumento de las denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad, y la impunidad en la investigación de esos hechos.
El documento cuestionó el agravamiento de las condiciones de reclusión, las muertes en custodia, los presos de «alto riesgo» y el régimen de aislamiento, la falta de cumplimiento de los tratados internacionales sobre asilo político, reparación, los problemas del sistema de salud mental y las «comunidades terapéuticas» y el aumento de casos de trata de personas.
Entre el 12 y 13 de noviembre pasado, el comité recogió la información de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura CNPT, la Comisión Provincial por la Memoria y Centro de Estudios Legales y Sociales, sobre el creciente aumento violencia policial y represión estatal de la administración libertaria.
El Comité manifestó su «consternación por el desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar y los recortes presupuestarios a varias instituciones que trabajan en cuestiones de memoria, verdad y justicia»
Abuso policial
Bajo el título: «Uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas», el Comité mantuvo su preocupación respecto de la resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional sobre uso de armas de fuego, porque «debilitan la obligación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de identificarse durante los operativos y amplían su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha de la comisión de un delito grave».
Asimismo, objetó no haber recibido información exhaustiva sobre la investigación de las denuncias relativas a posibles abusos cometidos por las fuerzas del orden, como lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos como sucedió en las manifestaciones de marzo de 2025.
El organismo internacional hizo mención a la «represión violenta, el uso de proyectiles cinéticos múltiples y gases lacrimógenos, las detenciones arbitrarias y los registros policiales sin orden judicial que se habrían producido durante las protestas de comunidades indígenas en la provincia de Jujuy en junio de 2023, así como la falta de investigaciones efectivas sobre estas denuncias».
Una de las recomendaciones fueron asegurar la grabación de todos los operativos policiales durante manifestaciones y protestas y garantizar el acceso a dichas grabaciones a los órganos independientes de investigación, e investigar «de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones y protestas».
Otro motivo de preocupación son las informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires. Preocupan además las informaciones que denuncian detenciones masivas, seguidas de actos de hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en el marco de «operativos preventivos», como los realizados en barrios populares, incluidos contra niños y niñas, en Tucumán, y durante los llamados operativos de «orden y limpieza» en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle, incluidas aquellas con enfermedades de salud mental o consumo problemático de sustancias.
El Comité expresó «su seria preocupación por las situaciones de detención prolongada, incluyéndose informes de casos en los que algunas personas han sido retenidas por más de seis meses o inclusive más de un año, en comisarías y otras dependencias policiales, que, por su propia naturaleza, no están diseñadas para estancias de larga duración».
Torturas: una vieja herida
Respecto a los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024, el Comité manifestó su particular inquietud por «actos de tortura y/o malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía».
Se advierte además sobre la aplicación de medios de contención mecánica, medicalización forzada, particularmente de mujeres, durante situaciones de crisis sin la correspondiente regulación y prescripción médica.
Por último, el Comité está preocupado por la información recibida relativa a represalias contra personas que presentan denuncias estando bajo custodia, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia y de protección para víctimas y testigos, y el hecho de que la única alternativa que se ofrezca en estos casos sea el traslado a celdas de aislamiento o a otros establecimientos penitenciarios.
Por otro lado, el Comité expresó su inquietud por la información disponible que indica que las investigaciones sobre actos de tortura y/o malos tratos rara vez se inician de oficio, que los hechos suelen tipificarse como delitos de menor gravedad, que los exámenes médico legales y las autopsias realizadas resultan deficientes y que los procesos judiciales se demoran, contribuyendo a la impunidad de los hechos.
No a la baja
El Comité comparte las preocupaciones expresadas por otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos respecto del proyecto de ley actualmente en trámite, que, de ser aprobado, reduciría la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años.
Argentina tiene un año para proporcionar al Comité contra la Tortura (CAT) información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención prolongada en dependencias policiales, el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la protesta social, e investigación de denuncias de tortura y malos tratos e impunidad.
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