Más de dos meses han trascurrido desde que Washington desplegó en el Caribe Sur numerosas fuerzas militares, que incluyen buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y de reconocimiento, un portaviones y numerosos efectivos.
El pretexto para esa demostración unilateral de poderío es la lucha contra el narcotráfico, con la que intentan justificar sus acciones como una supuesta defensa a su seguridad nacional, negando lo que realmente son: un crimen y una violación del Derecho Internacional, una amenaza, no solo para Venezuela –blanco adonde apuntan los misiles– sino también para la región.
En esa ofensiva, extendida al Pacífico oriental, han perdido la vida alrededor de 65 personas, en bombardeos letales a embarcaciones sin vínculos probados con el tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con un texto publicado el pasado 31 de octubre por The Intercept, los funcionarios de Trump reconocieron, en sesiones informativas separadas proporcionadas a legisladores, que no conocen las identidades de las víctimas de sus ataques y que el Departamento de Guerra no puede cumplir con la carga probatoria necesaria para retener o juzgar a los sobrevivientes.
El autor del reportaje, Nick Turse, apunta que, según expertos en leyes de guerra y miembros del Congreso, dichos ataques «son ejecuciones extrajudiciales ilegales, porque a los militares no se les permite atacar deliberadamente a civiles –ni siquiera a presuntos criminales– que no representen una amenaza inminente de violencia».
Es decir, que las víctimas –civiles– han sido consideradas como combatientes, se les ha negado el debido proceso legal y el derecho a la identidad. ¿No se trata, acaso, de seres humanos?
En ese marco, el pasado lunes llegó al final el primer plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que activa un reloj de 60 y 90 días como límite cuando el presidente introduce fuerzas armadas en hostilidades extranjeras, sin que el Congreso haya aprobado formalmente esa operación militar. Recordemos que el presunto primer ataque fue informado en redes sociales el 4 de septiembre pasado.
Al respecto, Telesur publicó que el principal asesor legal del Departamento de Justicia de ee. uu., Elliot Gaiser, dijo que la Casa Blanca no considera esta operación un acto de agresión que justifique el inicio del plazo de 60 días. Por su parte, exabogados del Departamento de Estado implicados en la revisión y aplicación de la Resolución, han manifestado que la naturaleza sin precedentes del poder que está ejerciendo el Ejecutivo, sí puede considerarse para que el Congreso exija el cumplimento de esa ley.
Por otra parte, Sara Jacobs, demócrata por California, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo a The Interceptor que, aun si el Congreso otorgase la autorización para el uso de la Fuerza Militar (aumf: legislación mediante la que el Congreso de ee. uu. concede al presidente poderes para utilizar las fuerzas armadas con fines específicos, sin llegar a una declaración de guerra) en este operativo, seguiría siendo ilegal, «porque no estamos en un conflicto armado con esos cárteles», manifestó. «Esto es solo un asesinato», declaró.
Así, mientras el reloj de la guerra sigue andando, también lo hace el uss Gerald R. Ford, el buque de guerra más poderoso de ee. uu., que se mueve por el Caribe, cerca de Venezuela. ¿Casualidad? Los hechos dejan claro que no: asesinatos extrajudiciales y la constante amenaza de una intervención directa demuestran que el belicismo sigue siendo una herramienta geopolítica del imperio.
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