El proceso judicial se desarrolla en la primera sala del STF, órgano colegiado responsable de analizar causas penales de alta relevancia política.
La etapa actual será decisiva para determinar la responsabilidad de los implicados en los hechos que derivaron en ataques y saqueos a las sedes capitalinas de los Tres Poderes, el 8 de enero de 2023.
El pleito examina la denuncia presentada por la Fiscalía General que imputó a Bolsonaro y a sus aliados por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, organización criminal y daños calificados.
También se les atribuye la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y deterioro de bienes protegidos.
Estos cargos combinados podrían derivar en penas severas de prisión, dependiendo de la interpretación y voto de los magistrados. La primera fase de la deliberación abordará cuestiones procesales.
Destaca entre ellas la validez del acuerdo de culpabilidad, firmado por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, pieza clave en el entramado investigado por la corte.
El juez relator Alexandre de Moraes será el primero en emitir voto y luego seguirán Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.
Los magistrados deberán determinar si avanzan primero sobre las cuestiones preliminares o si las incluyen en la discusión de fondo. Tal definición influirá en la celeridad del proceso y en el alcance de las decisiones.
La votación podrá absolver a algunos acusados o condenarlos de forma parcial o total.
En caso de sanción, el juzgado deberá calcular individualmente las penas, considerando la participación específica de cada uno en los episodios antidemocráticos.
De Moraes propondrá los parámetros para el cálculo de las condenas. Sin embargo, los demás jueces podrán modificar sus criterios, pues cada magistrado posee independencia en la interpretación de los hechos y de la ley.
Si los inculpados resultan absueltos, el sonado caso será cerrado en esta instancia. Pero, si son condenados, la defensa aún podrá interponer recursos para reducir las penas o anular el dictamen colegiado.
La denuncia de la Fiscalía General señala que los acusados intentaron abolir, mediante violencia y amenazas, el Estado Democrático de Derecho. También los responsabiliza de coordinar una organización destinada a desestabilizar instituciones y generar caos.
El juicio podría definir el futuro de Bolsonaro. Una condena limitaría sus aspiraciones electorales y tendría impacto directo en la polarizada escena política nacional de cara a 2026.
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