El gobierno del presidente Donald Trump anunció recientemente la derogación de una protección ambiental vigente durante 25 años, conocida como la «Regla sin carreteras» de 2001, que preservaba un tercio de los bosques nacionales de Estados Unidos. Esta medida, que afecta a unas 23 millones de hectáreas —más de tres veces la superficie de Panamá—, permitirá abrir amplias áreas de bosques vírgenes a la tala, la construcción de carreteras, la minería y la perforación.
De acuerdo con el diario La Jornada, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, explicó que esta norma, implementada durante la administración del expresidente demócrata Bill Clinton, ha quedado obsoleta y representa «obstáculos absurdos» para la gestión de los recursos naturales. Según Rollins, la eliminación de esta regla facilitará una «gestión sensata» de los bosques.
Desde su regreso al poder a finales de enero, la administración Trump ha impulsado una serie de medidas para desmantelar las políticas climáticas de Estados Unidos, especialmente aquellas promulgadas durante el mandato de Joe Biden. En marzo, la Agencia de Protección Ambiental anunció la revocación de varias regulaciones que limitaban las emisiones contaminantes de vehículos y plantas de energía de carbón.
Esta decisión ha generado una fuerte reacción entre grupos ecologistas, que han advertido sobre las graves consecuencias para el aire, el agua, la vida silvestre y la prevención de incendios forestales. Josh Hicks, director de campañas de conservación de The Wilderness Society, calificó la medida como «un ataque al aire y al agua que respiramos y bebemos, a las abundantes oportunidades recreativas que millones de personas disfrutan cada año, a los refugios para la vida silvestre y a los importantes amortiguadores de incendios forestales».
Ante esta situación, los grupos ambientalistas ya han anunciado que recurrirán a los tribunales para frenar la derogación y proteger estos valiosos ecosistemas.
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