caracas, Venezuela.–Este sábado la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó la suspensión de deportaciones de venezolanos bajo custodia migratoria, para lo cual se ampara la Administración Trump en la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798.
Resulta que abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles denunciaron que decenas de migrantes confinados en un centro de detención en Texas, corrían el riesgo de ser deportados bajo violación de sus derechos legales.
El Ejecutivo estadounidense no puede ignorar más a los jueces que se opusieron, desde que fue anunciada, a la nueva aplicación de la añeja ley.
Sin embargo, para llegar a este punto, el camino transitado ha resultado una prueba de fuerza, en la que los intereses hegemónicos de la Casa Blanca han intentado aplastar a la Venezuela bolivariana, pasando por encima de quién tengan que pasar.
Tras ser citada en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Presidente Donald Trump –alegando la supuesta amenaza que representa la extinta banda criminal El Tren de Aragua, para su nación–, el juez federal James Boasberg, ordenó detener el proceso de deportaciones. La respuesta de la Administración fue el envío de más de 200 venezolanos al Cecot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Luego, el pasado 7 de abril, el máximo tribunal de ee. uu. estableció que el Gobierno debe notificar a los migrantes venezolanos que pretende deportar y, además, permitirles el derecho de impugnar la acusación.
Por otra parte, el día 16, el juez federal del Distrito de Columbia falló a favor de que existen las pruebas para declarar en desacato criminal a la camarilla de Trump, por ignorar la orden judicial que prohibió las deportaciones hacia El Salvador, con la complicidad del presidente Nayib Bukele.
A esta implosión legal se sumó el viernes la declaración de 18 agencias de inteligencia estadounidense, exceptuando al fbi, que niega cualquier conexión entre el Gobierno venezolano y el Tren de Aragua.
De acuerdo con un informe del Consejo Nacional de Inteligencia de ee. uu., no existe evidencia de que esa banda se mantenga operativa. Con esta investigación, la segunda en dos meses, quedan en entredicho las excusas de Trump para respaldar sus deportaciones masivas de venezolanos sin garantías legales, un hecho denunciado por la nación sudamericana como crimen de lesa humanidad.
Entretanto, Bukele ofreció al Gobierno bolivariano repatriar a los venezolanos que se encuentran en la megacárcel, a cambio de un número igual de «presos políticos», entre los que se encuentran familiares de la oposición. ¿Estrategia política antivenezolana?
En respuesta, Tarek William Saab, fiscal General de Venezuela, solicitó la lista de todos los secuestrados y su estatus judicial, e instó a la comunidad internacional a reclamar la liberación de sus «compatriotas».
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