Medidas coercitivas: ni sanciones ni contramedidas

El bloqueo económico, comercial y financiero que impone el Gobierno de Estados Unidos a Cuba constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, integral y prolongado que se ha aplicado a lo largo de la historia contra país alguno.

Así lo denunció la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, quien demandó, igualmente, la retirada de la Mayor de las Antillas de la espuria y unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

«Aún en medio de las inhumanas prohibiciones y limitaciones que se nos imponen, Cuba nunca renunciará a su sistema de justicia social que respeta, promueve y protege todos los derechos humanos para todos. Lo seguiremos haciendo por la senda del socialismo que nuestro pueblo ha escogido libremente», afirmó.

En Conferencia Internacional “Sanciones, empresas y derechos humanos”, en @UNGeneva, tiene lugar interesante y fructífero debate que reafirma ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, como bloqueo #Cuba,violatorias Carta ONU y Derecho Internacional.#TumbaElBloqueo pic.twitter.com/lOucgNHeGy

— Anayansi Rodríguez Camejo (@AnayansiRCamejo) November 22, 2024

Sus argumentos fueron escuchados en la Conferencia Internacional sobre Sanciones, Empresas y Derechos Humanos, organizada por la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan y por el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas.

Explicó que «las medidas coercitivas unilaterales ni son sanciones ni son contramedidas», identificarlas por estos términos solo difuminaría «la naturaleza ilegal de las primeras», así lo afirmó Rodríguez Camejo. Sostuvo que son «un instrumento de coacción política y económica que entorpecen, además, los esfuerzos de las naciones que las sufren en la promoción del pleno disfrute de los derechos humanos».

Recordó que esas medidas constituyen una transgresión de las normas internacionales de comercio, y acotó que la aplicación de estas ilegales medidas ocasiona un perjuicio directo, intencional y políticamente motivado a la soberanía e independencia de los Estados contra las cuales van dirigidas.

«Ningún Estado puede adjudicarse el derecho de actuar como órgano sancionador en un marco jurídico internacional donde rige la igualdad soberana», sentenció.