La mitad del mundo, ¿sin agua potable?

Un nuevo estudio reveló que 4 400 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, no tiene acceso al agua potable gestionada de forma segura. Esther Greenwood, investigadora principal de la publicación Mapeo del uso de agua potable en países de ingresos bajos y medios, del Instituto suizo de Tecnología de Zúrich (Suiza), señala que los índices de contaminación son muy elevados, según revela la información descubierta.

¿Puede alguien concebir el mundo moderno con escasez de agua para beber? Al parecer, sí. Los habitantes de las zonas rurales más pobres de Asia, África subsahariana y Oceanía suelen tener las mayores dificultades para acceder a ella, que recogen de pozos, ríos, estanques y lagos no protegidos, según estimó la Organización Mundial de la Salud (oms) en 2022.

La investigación suiza confirma el dato y lo valida, además, con otras cifras relevantes sobre el acceso al agua potable en países de renta baja y media, lo que significa que la cifra sería probablemente mayor si se tiene en cuenta el acceso deficiente en los países de renta más alta.

Más del 80 % de los habitantes del África subsahariana, región con más de 1 100 millones de habitantes, no tiene acceso al agua potable, cifra que se eleva con al menos 1 200 millones de personas que viven en la India, Afganistán, Bangladés, Bután, Irán, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, o sea, más de la mitad de la región.

Lo mismo ocurre en Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelanda) y el sudeste asiático, donde alrededor del 75 % están afectadas.

El consumo del líquido insalubre implica un alto riesgo de contraer enfermedades como colera, fiebre tifoidea o disentería, entre otras que tienen como medio de transmisión el agua.

Para garantizar su consumo en los países subdesarrollados es necesario, además de recursos, inversiones financiadas a través de negociaciones internacionales, así como el enfrentamiento a fenómenos como el hambre, la desertificación o el cambio climático.

Debe existir también una firme voluntad política de concertar programas a corto, mediano o largo plazos, que eliminen los factores que frenan el acceso al vital líquido.