Ministro de Integración dominicano denuncia violación a la soberanía

El ministro dominicano para Políticas de Integración Regional, Miguel Mejía, aseguró hoy que la reciente incautación de un avión oficial de Venezuela por Estados Unidos en este territorio, constituye una violación a la soberanía nacional y el derecho internacional.

«¿Qué buscan esas agencias dándonos órdenes aquí?, se preguntó el también secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), al referirse al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Alertó que dicho Departamento utilizó una táctica dilatoria para mantener la aeronave secuestrada en la República Dominicana.

El funcionario manifestó que dicha entidad primero apeló a un juez que se negó a dar un fallo en relación con el secuestro de la aeronave y luego recurrió a Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien autorizó la detención.

Mejía reiteró que «…se ha violado la soberanía de República Dominicana y se consumó una acción que violenta el derecho internacional» al entregar la aeronave a Washington.

A inicios de este mes, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, desvinculó a la actual administración y al Ministerio Público de la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó con la confiscación en este territorio de un avión de Venezuela.

Álvarez dijo ante la prensa que la aeronave se encontraba aquí para fines de mantenimiento y sostuvo que el Ministerio Público entregó a ese país el avión tras recibir una orden judicial, en respuesta a una petición del Departamento de Justicia del país norteño.

Explicó que dicho organismo pidió desde mayo último la paralización de la nave «con el fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude y contrabando…».

Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de usar su «poderío económico y militar para amedrentar y presionar a países como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales».

Caracas calificó el suceso como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño.