Los ejemplos actuales de «justicia», que no se adhieren al precepto «de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón», se multiplican cada día.
Mientras, el empleo de la politización y manipulación de procesos penales y de acusaciones sin fundamento se convierten en un recurso muy frecuente, como parte de la realidad de hoy.
Ha sido palpable en estos días, cuando Israel pidió a Estados Unidos –a quién si no– que «ejerza presión sobre Sudáfrica para que desista de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa al Estado judío de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio, por sus masacres contra la población palestina de Gaza».
La amenaza, escondida detrás de las máscaras de una supuesta justicia, se conoció cuando la Cancillería del país sionista amenazó a Sudáfrica, con el argumento de que «trabajan actualmente con Estados Unidos» para que, en caso de continuar con las acusaciones contra Israel, «tendrán que pagar un alto precio, que puede llegar a la suspensión de las relaciones comerciales entre Washington y Pretoria».
Sin embargo, de acuerdo con Sputnik, es poco probable que EE. UU. lleve a cabo una medida tan drástica, ya que la Casa Blanca pretende «mantener su relación con Sudáfrica para contrarrestar la influencia de Rusia y China».
¿Será que los más de 20 000 niños asesinados por fuerzas militares de Israel no cuentan para que uno u otro país, Estados Unidos e Israel, continúen en su juego político para ocultar un genocidio?
Viajemos en el espacio y en el tiempo hasta Perú, un escenario en el que la susodicha «justicia» tiene tras las rejas a Pedro Castillo, un presidente, maestro, dirigente sindical, querido por su pueblo, a quien ahora la llamada «justicia» peruana se propone declararlo con «permanente incapacidad moral para ejercer la jefatura del Estado».
El expresidente peruano permanece preso desde el 22 de diciembre de 2022, y durante ese tiempo, la autoproclamada presidenta, Dina Boluarte, autorizó la represión contra manifestantes que pedían la liberación del mandatario, y ha sido acusada de varias acciones de presunta corrupción, pero continúa en libertad al frente de la nación andina.
En otra nación del área, Ecuador, Jorge Glas, exvicepresidente durante el segundo mandato de la Revolución Ciudadana (2007-2017), quien ya cumplió seis años de prisión por acusaciones no comprobadas, tuvo que acudir a la petición de asilo en la Embajada de México en Quito, porque se le seguía persiguiendo por elementos afines a mecanismos de «justicia».
Del recinto diplomático se le sacó a la fuerza por militares enviados por el Gobierno ecuatoriano, en un acto violatorio de distintas normas y leyes que prohíben este tipo de acciones dentro de una embajada, protegida por la inmunidad diplomática.
Trasladado a la prisión de alta seguridad, La Roca, y en estado de salud vulnerable, ahora los mecanismos actuales de «justicia» le han negado un recurso de habeas corpus, solicitado para atender su situación actual de salud, agravada por la permanencia en prisión.
Son solo tres ejemplos del buen o mal uso de la llamada «justicia», politizada y totalmente incoherente con su verdadero sentido.
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