Entre vítores e incertidumbre, se creó la Unión Europea, en noviembre de 1993. Dos años antes se había desintegrado la Unión Soviética, y los países de Europa del Este –llamados socialistas– abandonaron el proyecto y optaron por volver a un sistema capitalista que, como primera opción, revirtió la consecución de los programas sociales antes construidos.
Entonces, las preguntas y los deseos eran si la naciente Unión Europea sería un contrapeso de valor frente al mundo unipolar, liderado por Estados Unidos, que se fortalecía, tras el derrumbe del llamado campo socialista.
Eran 27 países del Viejo Continente que, bajo la premisa de restablecer y fortalecer las economías de Europa, tras los efectos de la Segunda Guerra Mundial, mostraron un empuje inicial que, más tarde, se vería afectado por la importante deserción de Gran Bretaña, y por políticas –y políticos– que prefirieron someterse a los designios de Washington.
El tránsito en más de tres décadas de vida de la Unión Europea marca momentos de sumisión, en los que el imperio del Norte ha arrastrado a la organización a contradicciones inexplicables, como la de montarse en el carro de la guerra en Ucrania, en vez de favorecer la negociación y la paz.
Es muy difícil entender que el bloque europeo –por vida beneficiado del petróleo, el gas, los granos y otros productos de Rusia– se haya unido a la política de sanciones aplicada por los gobiernos estadounidenses, cuando han sido, precisamente, los países de Europa, los más afectados.
Esas acciones son todo lo contrario al primer objetivo plasmado en los documentos constitutivos de la UE: «Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos».Pero el resultado ha sido la sumisión y el entreguismo a la política de las administraciones estadounidenses de algunos de sus directivos.
El ejemplo más evidente es el actuar contra Venezuela.
Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente, el 23 de enero de 2019, siguiendo los «consejos» del gobierno de Donald Trump, la UE reconoció a Guaidó, aupó su «mandato», sancionó a Venezuela y se le dio cabida, en algunos de sus países a figuras oscuras del país sudamericano, identificadas y acusadas por hechos de corrupción.
Ahora no se trata del Guaidó que abandonó el país con sus bolsillos llenos de dólares robados, el que entregó a Washington la empresa petrolera Citgo, propiedad venezolana, despojada impunemente como medida para desestabilizar a la nación bolivariana.
Esta vez, el personaje en cuestión es Edmundo González, un viejo camaján vinculado a no pocos hechos delictivos y de corrupción, y que ha servido de mísero comodín a las ambiciones políticas de una Corina Machado, verdadero poder tras el trono, en las aspiraciones opositoras. Ambos son reciclados y sacados de baúles empolvados, en busca de la caída del proyecto bolivariano y chavista que encabeza Nicolás Maduro.
En esta componenda contra la Revolución Bolivariana, destacan dos personas, uno desde Washington, donde tiene anclada su infame guarida: el secretario general de la OEA, Luis Almagro; y el otro, empotrado dentro de la Unión Europea, con el nombre de Josep Borrell.
Ambos niegan la victoria de Maduro y estimulan la exacerbación de cuestionar los resultados electorales. Buscan, entre otras cosas, fracturar el reclamo de unidad dentro de América Latina.
Es sometida Venezuela, esta vez, como la anterior, a las más bárbaras políticas injerencistas y de sanciones.
Es una gran pena, sin duda, pero la UE, la de los vítores iniciales cuando se pensó en un contrapeso al mundo unipolar encabezado por Estados Unidos, no ha cumplido su rol al permitir hechos como estos, contrarios a sus principios fundamentales y al reclamo universal de un mundo en paz, más solidario, alejado de las sanciones e injerencias, y en el cual se respete cada proyecto que construya cualquier nación soberana por derecho propio.
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