Caracas, Venezuela.–El intento de instalar un fraude electoral en Venezuela no es algo novedoso. Tampoco lo es el apoyo al sector más radical de la oposición por parte de la Casa Blanca y otros gobiernos que, en alianza de intereses transnacionales y hegemónicos, insisten en legitimar el relato hipócrita de necesidad de «transparencia» y «garantías democráticas».
Cuando las aspiraciones de la derecha no se han cumplido en las urnas, han acudido a su estrategia consabida: cantar fraude, llamar y financiar la violencia, desconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), adjudicándose sus funciones, y emplear los medios de comunicación para crear matrices de opinión que les favorezcan.
En 2002, en el golpe de Estado contra Chávez, intentaron desautorizar al CNE mediante un Decreto que suponía el establecimiento de un Gobierno provisional, lo cual se salía del marco de la Constitución. Luego, tanto en las elecciones parlamentarias como en las presidenciales de 2005, 2018 y 2020, repitieron el guion.
Para 2004, la fórmula del supuesto fraude hizo entrada, y comenzó a ser la «favorita». La Coordinadora Democrática alegó fraude en el referendo revocatorio contra el presidente legítimo Hugo Chávez. No obstante, no consiguieron demostrarlo.
Tras la muerte del Comandante de la Revolución Bolivariana, en 2013, al salir electo por primera vez Nicolás Maduro como presidente, Henrique Capriles Radonski -entonces principal candidato opositor-retomó la vieja historia de las supuestas irregularidades en el proceso electoral, sin obtener resultados probatorios.
Para los comicios de 2018, ante la evidente imposibilidad de vencer por la vía democrática, la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió no presentar candidato para que la población que los sigue no acudiese a las urnas. Entre tanto, el aspirante a la presidencia, Henri Falcón, declaró fraude, como «manda» ¿la costumbre?
En 2024 solo ha cambiado el personaje que busca protagonismo, no así quien lo maneja en su favor. El poder, el financiamiento y el mecanismo siguen siendo los de antaño. Desde 2023 comenzaron a preparar el escenario para cantar fraude en las elecciones. Así lo hicieron el pasado 28 de julio. Maduro les salió al paso con un contencioso electoral ante la instancia establecida legalmente para dirimir la polémica y, horas antes de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ofreciese su sentencia definitiva, ya la extrema derecha estaba declarando fraude adelantado, otra vez.
Que Edmundo González Urrutia no se presentase a ninguna de las fases del peritaje, ni consignase los materiales probatorios requeridos por esa instancia, para aclarar la trama que él mismo promovió, es una prueba contundente de que ese fraude es un «cuento de camino».
Los hechos lo evidencian, tanto como el fraude que no han podido demostrar. Fracturar a toda costa la institucionalidad es la maniobra preconcebida para el Golpe que pretenden asestar al pueblo y al Estado bolivarianos.
Ese es el precio de formar parte de las voces disonantes que se alzan en medio de un mundo predominantemente hegemónico y monroista. Lo que sí no pueden negar los de la extrema derecha nacional e internacional es la existencia de la Constitución, de los cinco Poderes en Venezuela y de la multipolaridad.
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