Las armas de la justicia

CARACAS, Venezuela.–Desde las seis de la tarde del lunes 29 de julio hasta el mediodía del martes 30, la extrema derecha venezolana pensó que podía replicar en el país «el escenario de exterminio que se vive en Gaza». Pretendían aniquilar «las fuerzas revolucionarias y a los patriotas bolivarianos», en los planos «físico, político, estructural y orgánico».

Si había dudas sobre el enemigo que enfrentan la Patria y su dirección, ya se disiparon. Es un «enemigo criminal, neonazi, sionista. Toda una tribu que se unió para destruir a nuestro pueblo».

Sin embargo, no lograron que Venezuela fuera un Iraq y una Libia: «países productores de petróleo, que tuvieron en su mano y lograron, producto de la guerra híbrida, implosionar a ambos Estados. Y algo más grave, matar a sus presidentes. Eso lo han intentado con Venezuela. Es lo que el Gobierno de Estados Unidos quiere hacernos: apoderarse de nuestro petróleo.

«Lo que no imaginaron fue la unidad institucional, cívico, militar, policial en la respuesta. Afortunadamente el pueblo dio una gran lección. Veintiún días después, el país está en absoluta calma. Normalizado en lo económico, lo político, lo social, lo institucional, avanzando en el peritaje de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que dará su dictamen y que tendrá obligatorio acatamiento».

Así lo asegura Tarek William Saab, Fiscal General de la República, que tuvo a bien dialogar con la prensa cubana sobre los sucesos que han marcado la historia venezolana después de las recientes elecciones presidenciales.

«El tema electoral fue una excusa para provocar la insurrección», explica. Pretendían producir un apagón al sistema automatizado, cantar fraude, montar una página web que descalificara la autoridad del Consejo Nacional Electoral y generar una guerra civil.

«Si usted se inscribe y permite que su rostro salga en una tarjeta electoral, es porque usted aceptó las reglas del juego. Si usted aceptó las reglas del juego para ser candidato, tiene que aceptar el resultado. Ellos han jugado sucio de principio a fin», manifestó.

Tras fracasar en el ataque cibernético, que solo ralentizó el proceso, se enfocaron en la violencia. Este primer golpe, afirma, no podría denominarse como golpe de Estado, porque para ello se necesitan militares, policía. «Y no hubo un solo militar ni un solo policía a su favor. Y no lo van a tener.

«Tampoco el pueblo bajó de los cerros ni de los barrios. No bajaron trabajadores, estudiantes, sindicatos, amas de casa. La familia venezolana no hizo caso a ese llamado».

Para forzar la lucha interna «tenían instrumentalizado el uso –muy lamentable– de niños de entre 14 y 17 años, y de motorizados, a los que les pagaban de 20 a 30 dólares para ocasionar disturbios. Muchos con antecedentes penales.

«Es impresionante ver cómo odian los avances de la Revolución en materia social. Porque fueron atacadas 21 escuelas de Educación primaria, siete escuelas de educación inicial, 34 liceos y dos universidades, 11 estaciones del Metro de Caracas, un tren en Valencia, varias unidades de autobuses, seis centros de diagnóstico integral, 30 ambulatorios, una farmacia móvil, seis centros de almacenamiento de alimentos, 27 monumentos y estatuas, entre ellas la del Libertador Simón Bolívar, del presidente Hugo Chávez y del santo José Gregorio Hernández».

La supuesta manifestación pacífica «se convirtió en atentados y terrorismo. Pero Venezuela tiene un Ministerio Público impecable, que actuó de manera inmediata junto a los órganos auxiliares de Justicia, que son los cuerpos policiales, los tribunales penales, y logramos poner a derecho a estas acciones terroristas, que no pueden llamarse protestas.

«Tenemos las pruebas», insiste. Por tanto, esa insurrección «no puede atribuirse a acciones de libertad y de expresión, sino de odio», para las cuales se apoyaron en grupos estructurados de delincuencia organizada, como la banda de Yuleisy,  la banda del niño Guerrero y el tren del Llano.

La mentira en la narrativa de la guerra en las calles quedó al desnudo cuando, en recientes ruedas de prensa, ante la mirada internacional, Saab reveló videos de confesiones de numerosos criminales que fueron partícipes de la insurrección en las primeras 48 horas posteriores a los comicios.

Sus expedientes hablan por sí solos. Entre ellos, mencionó a Luis Humberto Yáñez Martínez, con un historial de diez casos como violador, asesino, robo de vehículos, estafa, apropiación indebida, entre otras.

También nombró a Fernando Mendoza Castillo, vinculado, en el año 2016, a un asesinato; a Gilber Caro, uno de los principales líderes, afín con el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, y a José Luis Miranda, quien fue detenido con 4 000 unidades de la droga sintética Captagón, que iba a ser usada para generar terror el pasado 17 de agosto, en la marcha convocada por la oposición. 

«En esos hechos, lamentablemente ocurrieron 23 muertes, atribuibles todas a violencia e incitación al odio. Yo les sumo dos crímenes de odio posteriores, y dos accidentes de tránsito inducidos. Hicieron que esas personas, de camino a su casa, se desviaran nerviosos a toda velocidad y volcaran los vehículos».

Quienes apoyan y dirigen estas acciones están ejercitando –enfatizó– la «propaganda de la necrofilia», que consiste, según sus palabras, en «utilizar el tema de los muertos que ellos mismos ocasionan, para buscar sensibilizar a la población del mundo y justificar una invasión a nuestro país.

«Muy hipócrita de su parte. Porque todos los que hablan de violación de derechos humanos en Venezuela están al lado de Israel, están apoyando el genocidio en Gaza con un silencio cómplice».

Ante esta postura de los medios de las grandes transnacionales que defienden a ultranza los intereses geopolíticos de ee. uu., y de los que solo un 20 % se ha atrevido a publicar la verdad, informó que el Ministerio Público está preparando un extenso y acucioso informe con anexos en diversos formatos. 

El documento, presentado ya, en un primer momento, ante el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la nación, cuenta con la labor de más de 60 expertos que investigan las acciones terroristas y violentas, en las que los sujetos responsables no recibieron el acompañamiento del pueblo.

El mencionado informe será presentado en los escenarios internacionales en los que sea oportuno pues, aseveró, «esa verdad debe decirse en voz muy alta, porque ya basta que se utilice el tema de los Derechos Humanos para criminalizar al Estado».

Venezuela está defendiendo la verdad «con las armas que tenemos en la mano, que son las armas de la justicia y lo hemos logrado», como se logró la paz tras aplacar, entre el 29 y 30 de julio, el terrorismo.