En una retrospectiva de lo sucedido en Perú en los últimos tres años, vale recordar que Pedro Castillo se desempeñó como presidente desde el 28 de julio de 2021 hasta el 7 de diciembre de 2022.
Había llegado al poder por elecciones libres, con gran mayoría de votos, y con el aval –inédito para el país– de su integridad moral como líder campesino, activista sindical y comprometido con transformar la economía y revertir las altas tasas de pobreza.
Ese currículo, por supuesto, no lo aceptarían la oligarquía y sectores del Congreso y la Justicia. Entonces aprovecharon su falta de experiencia para acorralarlo, y llevarlo a la cárcel, donde aún se encuentra.
La vicepresidenta de entonces, Dina Boluarte, parte de la propia componenda, asumió el poder, y aún hoy –contra viento y marea–, continúa al frente de los destinos de la nación.
Tras varias acusaciones contra ella, principalmente por supuestos hechos de corrupción, la mandataria fue objeto, hace solo semanas, del allanamiento de su casa y del propio Palacio de Gobierno, como parte de una investigación por corrupción, vinculada al enriquecimiento ilícito por la adquisición de varios relojes Rolex de lujo.
En medio de este tóxico ambiente político, una noticia impactante ha aportado incertidumbre y falta de credibilidad en el sistema de justicia y en el engranaje político de la nación andina: Alberto Fujimori volverá a presentarse a las elecciones presidenciales, del 12 de abril de 2026, cuando termina el «mandato» de Boluarte.
Fujimori, de 86 años, y quien fue presidente entre 1990 y 2000, será el candidato del Partido Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko Fujimori.
Recordemos que Fujimori cumple, actualmente, una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, hechos de corrupción, represión y otros.
No obstante, problemas de salud, como padecer de cáncer, y estar sometido a una operación de cadera, le «permitieron» salir de prisión, desde diciembre de 2023.
El dilema que se presenta ante esta increíble acción de Fujimori, de aspirar nuevamente a ser presidente de Perú, tiene que ver con planteamientos de abogados que aseguran que «puede», y otros que lo consideran inhabilitado, por estar condenado por un delito doloso.
¿Puede entenderse que un criminal, «sacado» de prisión por problemas de salud, de pronto tenga salud para asumir la Presidencia del país?
Algo hay más «enfermo» que Fujimori.
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