¿Y ahora, qué?

Ordena la Corte Internacional de Justicia (CIJ) detener la ofensiva israelí en Rafah. Esa fue la noticia de este viernes, la que, a primera vista, representa un hito esperanzador para que algún día termine el genocidio contra los palestinos.

Pero la propia información contiene una frase a manera de recordatorio, que es lo más parecido a la frustración y a que «la situación no cambiará».

«El fallo de la CIJ no es vinculante, ya que Israel no reconoce su jurisdicción», comentó el cable de tr.

El Tribunal, presidido por Nawaf Salam, ordenó al Gobierno de Israel «detener inmediatamente su ofensiva militar o cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial».

En este sentido, advirtió que la situación humanitaria en ese enclave se ha «deteriorado aún más» desde la última orden judicial en marzo, y ahora mismo es desastrosa.

A la decisión de la Corte, siguió de inmediato la respuesta israelí. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, condenó el fallo del Tribunal, el que calificó de «antisemita», y dijo que la respuesta de Israel será la de «ocupar Rafah».

Días antes, Estados Unidos, tanto en la persona del presidente Joe Biden, como del secretario de Estado, Antony Blinken, y de algunos legisladores en el Congreso, han dicho que ese Tribunal no tiene capacidad para condenar a Israel y que, de hacerlo, serán sancionados su Presidente y demás integrantes y familiares.

La víspera, y como lo más reciente en esta rabieta prepotente, fueron las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien se pronunció por imponer sanciones contra la Corte Internacional de Justicia.

Y aquí viene el pollo del arroz con pollo: «Si se lo hacen a Israel, seremos los siguientes», advirtió el legislador en una reunión de un comité del Senado.

«No solo para ayudar a nuestros amigos en Israel, sino también para protegernos a nosotros mismos con el tiempo», argumentó.

Al respecto, recordó cuando Washington no aceptó que la propia Corte, años atrás, juzgara a los militares estadounidenses involucrados en los más horrendos crímenes cometidos cuando invadieron Afganistán.

Entonces, vale preguntarse: «¿y ahora, qué?», o será, como parece, ¿más de lo mismo?