Por un lado, el gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó como «invasión» la ola de inmigrantes que trata de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos.
Por otro, el expresidente y favorito para repetir, Donald Trump, aprovechó para acusar a Joe Biden de «entregar la frontera» e «instigar una invasión masiva de millones de inmigrantes ilegales», y llamó a todos los estados gobernados por los republicanos a «brindar pleno apoyo para repeler la invasión, enviando a Texas la Guardia Nacional».
Trump, unos días antes, aseguró que, una vez reelegido como Presidente, ordenará la mayor deportación de inmigrantes.
Por otra parte, la Corte Suprema de EE. UU. falló a favor del Gobierno Federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron a lo largo de la orilla del río Bravo, para frenar la inmigración.
En el contexto, los republicanos buscan su beneficio político, al margen de lo que pueda representar para los inmigrantes que se les trate como objeto de cambio en uno u otro sentido.
Trump, a quien ya las encuestas se han encargado de «ponerle un pie» nuevamente en la Casa Blanca, acude a lo que él siempre ha tomado como ficha de propaganda: el uso mediático de las redes sociales, mostrando una fuerza que raya lo irracional, pero que fue, con anterioridad, la que lo llevó hasta donde ahora pretende volver: la Presidencia.
Lo que sucede en Texas, entre el Gobierno Federal y el Gobernador estadual, es un ejemplo claro de irrespeto hacia los seres humanos que han llegado hasta allí en busca de la «felicidad» prometida.
El escenario presenta a un Río Bravo revuelto, precisamente allí en Texas, donde la furia republicana pretende aprovechar la debilidad demócrata, en una especie de estocada, como preámbulo de la contienda electoral 2024.
El Río Bravo fluye en dirección sur y sureste, a través de Colorado y Nuevo México, hasta llegar a la ciudad de El Paso (Texas), a partir de donde forma la frontera meridional con ese estado, y la frontera septentrional de los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta desembocar en el Golfo de México.
La decisión del Gobernador de Texas, de cerrar con alambradas la zona limítrofe entre ambos países, ha sido apoyada por los gobernadores de 25 estados: Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Indiana, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
Mientras, los opositores a estas medidas consideran que, con las alambradas, «se impide físicamente a la Patrulla Fronteriza, intentar salvar a los inmigrantes que se ahogan en el río Bravo».
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