La noticia, fechada en Nueva York o en Ciudad México, no deja de ser alentadora, más cuando se trata de la petición del uso de la justicia para, al menos, controlar en algo el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos.
El diario La Jornada recogió que un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito estadounidense, en Massachusetts, determinó que el Gobierno de México puede proceder con su demanda contra siete armeras a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que –se sabe– serán exportadas ilegalmente a la nación vecina, lo que solo favorece la violencia.
Los tres jueces, en sus argumentos de unas 60 cuartillas, mencionaron que el Gobierno mexicano plantea que las armeras están conscientes de la manera en que su distribución y comercialización facilitan traslados ilegales de armas a su país, y agregan que la motivación detrás de esto es el dinero.
México calcula que los acusados reciben, de manera colectiva, más de 170 millones de dólares al año por el tráfico de armas.
Agregaría que, en este caso, como en el del control de la venta de armas dentro de Estados Unidos –donde cualquier ciudadano puede adquirirlas, portarlas y usarlas–, el tema dinero es el péndulo que inclina cualquier posible solución, hasta hoy obviada.
Recordemos que la frontera entre ambos países se extiende a través de 3 169 kilómetros. También debemos tener presente que Estados Unidos se apropió de más de la mitad del territorio mexicano, cuando en 1848 ocupó lo que son hoy los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
Seis estados aztecas y cuatro estadounidenses comparten estas fronteras, y también, de manera muy especial, son escenarios del tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense hacia México, y del trasiego de drogas impulsado por los cárteles locales hacia el mayor consumidor del mundo: Estados Unidos.
En este último país hay una llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que otorga amplia inmunidad a fabricantes, distribuidores y vendedores, que pueden ir a parar a manos, lo mismo de mafias, que de cárteles del narcotráfico, o de alguien que la USA para ajustes de cuenta o para disparar contra civiles, lo mismo niños en una escuela, ciudadanos en un comercio u otros sitios.
De la larga frontera, sigue siendo tema álgido la necesidad de controlar el flujo migratorio ilegal, asunto pendiente de resolver en Estados Unidos, y el cual legisladores, gobernadores y hasta presidentes lo han convertido en «cosa de política», que lo mismo puede servir a un candidato, en época electoral, que sumar votos en su contra, según el programa de gobierno.
La demanda mexicana aceptada va dirigida contra importantes fabricantes de armas: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Manufacturing of Firearms, Inc.; Beretta USA Corp.; Glock, Inc.; Sturm, Ruger & Company, Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., D/B/A Interstate Arms; Century International Arms, Inc.; Beretta Holdings Spa; Glock Ges. M.B.H.; Colt's Manufacturing Company, LLC...
Se trata de la primera demanda de un gobierno extranjero contra la industria de armamentos de Estados Unidos, y se había iniciado en 2021, ante el tribunal distrital de Massachusetts, con acusaciones de facilitar el tráfico de armamentos hacia los cárteles de las drogas.
El material militar incautado en México a estos cárteles en los últimos años, incluye 21 ametralladoras totalmente automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes, lo que constituye una evidencia de cuán peligroso es ese tráfico que involucra medios letales que USA el ejército de Estados Unidos.
Como resultado, el pasado martes el referido tribunal determinó que el Gobierno de México puede proceder con su demanda, lo que ha sido considerado como una victoria legal para esta nación.
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