Los militares golpistas de Gabón nombraron este miércoles como nuevo presidente al jefe de la guardia republicana,el general Brice Oligui Nguema, tras deponer y colocar bajo arresto domiciliario al dirigente Ali Bongo, poco después de que las autoridades electorales declararan había ganado los comicios con más del 60 % de los votos válidos.
En la jornada de ayer un grupo de altos mandos militares de Gabón anunció en televisión que asumía el control del país, y que quedaban anulados los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de agosto.
Ali Bongo, que sucedió a su padre Omar en 2009, fue puesto en arresto domiciliario, y estaba rodeado de su familia y sus médicos, anunciaron los militares en la televisión estatal, citado por el medio. Uno de sus hijos, Noureddin Bongo Valentin, fue detenido por alta traición.
En una entrevista con el diario francés Le Monde difundida durante la tarde, el general Brice Oligui Nguema dijo que Bongo, de 64 años, fue apartado y que goza de todos sus derechos.
Mientras, las reacciones internacionales a este nuevo golpe de Estado en un país africano no se hicieron esperar, pues representa el octavo que sucede en África occidental y central desde 2020.
El secretario general de la ONU, António Guterres, «condena firmemente el intento de golpe de Estado en curso» en Gabón, declaró su portavoz Stéphane Dujarric, y pidió a todos los actores «contención» y «diálogo».
Por su parte, la Unión Africana condenó con firmeza lo que describió como un intento de golpe de Estado. Mientras, China llamó a garantizar la seguridad de Ali Bongo y Rusia expresó su profunda preocupación.
Francia, antigua potencia colonial y con intereses en los sectores del petróleo y el manganeso en este país africano, condenó el golpe militar en curso.
Estados Unidos urgió a los militares a liberar y garantizar la seguridad de los miembros del gobierno y sus familias y a preservar el poder civil.
Desde Reino Unido y Alemania, también emitieron comunicados condenado el golpe aunque, en el caso de Berlín, reconoció preocupaciones legítimas sobre la transparencia de las elecciones.
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