Una ley de contención al robo de los activos de Venezuela

Caracas, Venezuela.–Tras someterse a consulta pública por segunda ocasión, la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República de Venezuela y sus entidades en el Extranjero fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional (AN).

Con voto unánime, el Parlamento bolivariano reafirmó su disposición de que este proyecto y la Ley de Extinción de Dominio se conviertan en «herramientas fundamentales en manos del Ejecutivo, la Procuraduría, los Tribunales de la República y el Ministerio Público, para que se utilicen en el rescate de los dineros y activos robados, así como en el castigo a quienes incurrieron en tan graves delitos», manifestó en la plenaria el presidente de la an, Jorge Rodríguez.

No olvidemos que el pasado 1ro. de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), de EE. UU., concedió a la extrema derecha venezolana la posibilidad de disponer de las deudas de su país y de su empresa estatal PDVSA.

Si tenemos en cuenta que el sector extremista tiene precandidatos en el proceso comicial de la oposición, para las elecciones presidenciales de 2024 no se necesitan más cálculos. La finalidad de tales acciones es boicotear al Gobierno y a la economía nacional que, desde la arbitraria confiscación de Citgo –la mayor filial de PDVSA en el exterior–, ha dejado de recibir alrededor de 900 millones de dólares mensuales.

Esos recursos serían destinados a la vivienda, la educación, la salud y otros servicios públicos; o lo que es lo mismo, los perjuicios ocasionados por esta forma de intento de saqueo no solo recaen en el patrimonio nacional, sino, sobre todo, en el bienestar de la población.

Entonces, la aprobación de la Ley para la Protección de Activos en el Extranjero significa la respuesta de una nación agredida a quienes pretenden pisotearla a toda costa.

Así, a través de sus dos capítulos, desconoce acuerdos externos en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o de sus entidades ubicadas en el extranjero, y dispone la responsabilidad penal para quienes se atribuyan la representación ilegal del país.

Cierto es que la ley es una barrera nueva contra el expolio de sus recursos, que castigaría con mayor rigor, sobre todo, a los que desde dentro del país ensayen o sean cómplices de esos delitos; sin embargo, lamentablemente, hay demasiados en el exterior que confabulan para agenciarse algo de ese latrocinio, tan descarado e impune, que seguirán campeando al amparo de gobiernos usurpadores, como el de Estados Unidos.