Aplazan deportación del expresidente Alejandro Toledo a Perú

La jueza Laurel D. Beeler, de la Corte del Distrito Norte de California en EE.UU., ordenó frenar por siete días la devolución del exmandatario, argumentando el daño que podría sufrir en el actual clima de protestas en Perú, luego de la asunción de la presidenta Dina Boluarte.

A solicitud del expresidente peruano, Alejandro Toledo, la magistrada accedió suspender temporalmente la extradición del político, acusado de los delitos de colusión y lavado de dinero en la nación andina, divulgó el diario La República.

Durante el plazo concedido, el expresidente podrá interponer una moción para suspender su extradición hasta el 6 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito se pronunciará sobre un habeas corpus que presentó previamente su defensa para anular el proceso.

El diario citó el dictamen de D. Beeler, «si el demandante presenta una moción de suspensión ante el Noveno Circuito dentro de los siete días a partir de esta orden, hasta la fecha en la que el Noveno Circuito se pronuncie sobre esa solicitud», mientras Alejandro Toledo adelantó que presentará el 27 de febrero un pedido para suspender su extradición ante el Noveno Circuito hasta que esta instancia resuelva el habeas corpus.

«La Fiscalía de la Nación, (de Perú) como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manríque, por los delitos de colusión y lavado de activos», develó la dependencia en un comunicado.

Este tipo de proceso judicial quiere desviar la atención pública de las calles de Perú, donde se mantienen las protestas y está activa la crisis política generada por el gobierno impuesto de Dina Boluarte al propinarse un golpe de estado al presidente electo Pedro Castillo.

Telesur divulgó que los familiares de las víctimas de la violencia policial desatada tras las protestas en la ciudad peruana de Juliaca exigieron justicia para los 18 manifestantes asesinados el pasado 9 de enero. Ellos pidieron que todos los implicados sean procesados, que se tomen las medidas necesarias y que no se vuelvan a repetir este tipo de crímenes que enlutan la nación.