El operativo militar decretado a raíz de los sucesos ocurridos el pasado 8 de enero en los edificios públicos de Brasilia, finalizó después de 23 días de ocupación, en los cuales se llevó a cabo una investigación sobre las fallas en el sistema de seguridad que posibilitaron la invasión a las instalaciones del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia.
Telesur informa que el Ministerio de Justicia decidió no prorrogar la intervención una vez finalizado el plazo inicialmente estipulado. En su territorio, se encuentra la capital federal de Brasil, Brasilia, que también es la sede del Gobierno del Distrito Federal (DF).
En distintas ocasiones, el interventor designado por el Gobierno federal, Ricardo Cappelli, dijo tener «plena confianza» en las fuerzas de seguridad del DF y que aprobó la designación del delegado federal Sandro Avelar para el cargo de Secretario de Seguridad, realizada por la gobernadora interina, Celina León.
Además, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo la semana pasada que no pretende prorrogar la intervención porque ya no hay causa constitucional para tal medida.
La primera gran prueba de la reanudación de la seguridad pública en el DF tendrá lugar este miércoles, cuando asuman en el Congreso Nacional 27 senadores y 513 diputados federales elegidos o reelegidos en octubre de 2022.
El pasado viernes, Cappelli presentó el informe sobre las fallas operativas que derivaron en el intento de golpe de Estado del 8 de enero. El documento reúne fotos, imágenes, memorandos, cartas e información de todo el proceso relacionado con el campamento golpista en el Cuartel General del Ejército (QG) y los actos preparatorios de los ataques antidemocráticos que sacudieron la capital del país.
El diario Vermelho destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) denunció a más de 225 golpistas involucrados en la invasión y destrozos de los inmuebles.
Con esta sexta tanda de denuncias, ahora la cifra alcanza un total de 479 denunciados. Todos pasaron por una audiencia de custodia y se decretaron sus arrestos preventivos.
Los invasores están acusados de asociación delictiva e instigación al delito equiparada a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales, ambos previstos en el Código Penal.
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