La Fiscalía de Brasil acusó formalmente a 39 sospechosos vinculados con los disturbios contra las sedes gubernamentales en Brasilia, el pasado 8 de enero, cuando simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro intentaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Jornada divulgó que los acusados deberán responder por seis delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, asociación criminal y daños al patrimonio nacional.
Se les solicitó prisión preventiva para evitar que se cometan nuevos delitos violentos contra el Estado democrático de derecho, reseñó un comunicado del Ministerio Público.
Además, se les bloquearon sus cuentas financieras y se les incautaron bienes para reparar el daño a la propiedad pública. También la suspensión de los cargos en funciones públicas, en los casos correspondientes.
Prensa Latina detalló que, hasta el momento, se conoce la implicación de 15 agentes del orden y 40 militares que formaban parte de la seguridad residencial. A ellos se les sumó la acusación de incitación a las Fuerzas Armadas contra los poderes institucionales como el Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio de Planalto.
Igualmente se informó que el derrotado mandatario brasileño Jair Bolsonaro será investigado por los actos terroristas de sus partidarios, quienes invadieron y depredaron las instituciones brasileñas.
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