¿Cuántos más tendrán que morir?

Siempre resultó admirable –y a la vez casi imposible de creer– que en Perú, por su historial de gobernantes implicados en escándalos de todo tipo –principalmente de corrupción– llegara a la Presidencia un humilde maestro, cuyo aval fundamental es la honestidad y el compromiso de responder a los intereses del pueblo.

Así alcanzó, con el voto popular, el más alto peldaño de la vida política y gubernamental Pedro Castillo, el hombre del sombrero, que siempre lo acompañaba.

Perú tiene una larga historia en la que se entrecruzan golpes de Estado, detención de mandatarios, juicios a estos, una complicada justicia que demora en juzgar y lo hace desde el mismo entramado tantas veces cuestionado.

Desde el 28 de julio de 2021, en que comenzó su mandato presidencial, al maestro campesino devenido Presidente le hicieron imposible su función.

Todos lo sabían y muchos lo advirtieron, pero una gran dosis de humildad, junto a una marcada ingenuidad política, dieron al traste, no solo con el mandato de Castillo, sino con las aspiraciones de millones de personas del pueblo, campesinos, indígenas, maestros y de otros sectores que pusieron en él la esperanza tantas veces frustrada por las componendas neoliberales.

Lo ocurrido esta vez no es nada nuevo, pero los más de 40 muertos y cientos de heridos entre la población civil pasan a engrosar el penoso panorama de una nación, cuyo sistema político agotado no podrá aportar solución alguna para sus propios males.

Una Presidenta, salida del propio equipo de trabajo del ahora encarcelado Pedro Castillo, ha dado rienda suelta a la avaricia de poder y ha engrosado fila junto a los mismos que nunca permitieron a un maestro rural y líder gremial como presidente de la República.

A Dina Boluarte, la mandataria no elegida por el pueblo, se le acusa de presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por haber ordenado a las fuerzas policiales y otras a reprimir a quienes, desde el mismo momento del golpe perpetrado contra Pedro Castillo, salieron a las calles en muchas ciudades del país, principalmente en la región de Puno, a exigir el regreso del mandatario, la renuncia de Dina, la realización de elecciones anticipadas y la dimisión del Congreso.

En las últimas jornadas, el Congreso peruano, convocado con urgencia ante la gravedad de la situación, tuvo que suspender sus sesiones, cuando un grupo de parlamentarios les gritaran «asesinos» a los directivos del cónclave.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, fueron recibidos con gritos de «¡Asesinos fuera! ¡Están manchados de sangre, son unos asesinos!».

Transcurren los días y las semanas y una interrogante crece dentro del clamor del pueblo peruano: ¿cuántos más tendrán que morir antes de que termine lo que llevó a Pedro Castillo tras las rejas?