Caracas, Venezuela. —Como una grave ofensa al pueblo venezolano, calificó el gobierno de este país a un proyecto de ley, aprobada por el Senado estadounidense, la cual prohíbe a sus agencias federales hacer negocios con personas que apoyen al Gobierno legítimo, encabezado por Nicolás Maduro.
Un comunicado oficial del ejecutivo bolivariano, denuncia que el referido engendro transgrede «la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegalmente, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones».
Interferir en los asuntos internos del país, y «derrocar al Gobierno venezolano», es el propósito de la nueva maniobra gringa, a juzgar por el texto que la refuta, el cual sostiene que Washington dinamita «cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países».
La declaración consigna, además, que, «frente a la amenaza monroista y a sus herederos constructores de la guerra, Venezuela seguirá cultivando y defendiendo el legado del Libertador Simón Bolívar, labrando su propio camino de estabilidad política y social, de recuperación económica y de diplomacia de paz, por un mundo libre de hegemonismo, colonialismo e imperialismo».
Como si no le bastara, Washington identificó su pretendida y extraterritorial ordenanza legislativa, con el nombre del Libertador. A la afrenta respondió también en su perfil de Twitter el canciller venezolano, Carlos Faría, al denunciar que se trata de «un nuevo intento por parte del Congreso estadounidense de vulnerar los derechos económicos del pueblo venezolano y ofender la memoria del Libertador».
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