Organizaciones sociales, gremiales y movimientos indígenas convocaron a un paro nacional en varias regiones de Perú, en rechazo al gobierno de Dina Boluarte impuesto por el Congreso, por la libertad del presidente electo Pedro Castillo y la realización de un proceso constituyente.
Telesur reseña que en la nación sudamericana hay un malestar generalizado y eso se expresa en el bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos y universidades, manifestaciones frente a edificios públicos, acompañados de la feroz represión de la policía que deja ya ocho muertos, decenas de heridos y un estado de sitio en todo el país.
La víspera el gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 30 días, mientras los convocantes a las movilizaciones invitaron a los ciudadanos a sumarse a las protestas.
La indignación popular está fuera de control en las regiones de Piura y Amazonas, y la concesionaria vial alertó que hay cortes en cuatro puntos de las carreteras a su cargo. En la ciudad de Huancavelica, incendiaron las dependencias de la Dirección Regional de Transportes y en el Cusco, donde ya se habían apoderado del aeropuerto, fue tomada la planta de gas natural de Camisea, uno de los yacimientos más grandes de Sudamérica.
Un grupo de estudiantes tomaron en la noche del miércoles las instalaciones de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima y piden justicia para los jóvenes asesinados en las regiones de Apurímac y Arequipa a causa de la represión policial y rechazan el gobierno de Boluarte.
Desde la semana pasada sectores de la población mantuvieron las manifestaciones pacíficas en regiones como Puno, Cusco, Tacna, Lima (capital), Apurímac, Arequipa, entre otras. Se demanda el cierre del Congreso, nuevas elecciones, la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Sobre el tema de adelanto de elecciones, el Congreso lo debatirá este jueves, aunque Dina Boluarte primero dijo que serían para 2024 y luego para 2023, según reseñó Telesur.
Telesur publicó también que la Fiscalía de Perú solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictar 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de ese país sudamericano, Pedro Castillo, y el exjefe del Gabinete, Aníbal Torres.
Pedro Castillo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por sus derechos y los de su pueblo y en el texto hace «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo», citó Telesur.
El pedido del exmandatario llegó luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial peruano suspendiera la audiencia de pedido de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Las movilizaciones en Perú iniciaron luego que el Congreso destituyera a Pedro Castillo, después que el expresidente anunciara la disolución temporal del ente, y juramentara a Boluarte como presidenta.
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