Dejen de matar a un pueblo sediento de justicia, clamó Pedro Castillo, desde la prisión

Transcurridos siete días en prisión, al sustituido presidente de Perú, Pedro Castillo, se le permitió, la víspera, participar, de manera telemática, en una audiencia, en la cual la Corte Suprema de Justicia evaluó el proceso de su detención provisional.

Sus palabras no dejaron duda sobre lo que ocurre actualmente en su país, ni de los argumentos construidos que prevalecieron a la hora de destituirlo y llevarlo tras las rejas.

Conmovido por los siete muertos y más de un centenar de heridos en los enfrentamientos entre la Policía y la población que exige su liberación inmediata, el adelanto de elecciones y la suspensión del Congreso, Pedro Castillo calificó su prisión de «injusta y arbitraria», y llamó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a que «dejen de matar a un pueblo sediento de justicia».

En cuanto a las acusaciones en su contra, fue enfático: «no estoy detenido por ladrón, por violador ni por corrupto ni matón». Y agregó: «nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión».

Los acontecimientos actuales en la nación andina explican una causa real, quizá de la que poco se hable: es demasiado para la oligarquía parlamentaria, y para quienes dicen representar la justicia, que un maestro de profesión, líder social de izquierda, carente de experiencia en las tribulaciones de gobernar, pero convencido de defender un proyecto de país en beneficio del pueblo, llegara a conducir los destinos de la nación andina.

La situación en Perú es resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular que había elegido a su gobierno.

Cuba, como sostuvo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, defiende el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y señala que corresponde al pueblo peruano hallar soluciones a sus desafíos por sí mismo, en virtud de sus legítimos intereses.