La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al terminar un juicio con fines políticos, que duró tres años y medio y estuvo rodeado de escándalos.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
La condena más bien parece un ajuste de cuentas de carácter político, a través de un andamiaje armado. Este procedimiento no es nuevo, y yo diría que es bastante recurrente por parte de gobiernos de derecha contra sectores de la izquierda en la región de América Latina, con el fin de estigmatizarlos como «corruptos», acudiendo para ello a un aparato de «justicia» tóxico, acompañado de una labor mediática encaminada a crear estados de opinión basados en la mentira.
En el caso de la Vicepresidenta, se le ha involucrado en la llamada «causa Vialidad», según la cual, entre los años 2003 y 2015, se habían concentrado obras en la región de Santa Cruz y las adjudicaciones beneficiaban a un mismo grupo de empresas.
En agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani presentó su acusación contra Cristina, a quien considera culpable de «asociación ilícita» y «administración fraudulenta agravada».
Desde que fue imputada, Cristina Fernández aseguró que esa causa estaba armada políticamente desde la oposición, tal si fuese parte de un «Partido Judicial», cuya única finalidad es excluirla de la política nacional.
De todas formas, la petición de seis años de cárcel y de inhabilitar a la actual Vicepresidenta de ejercer cargos públicos en lo adelante, tendrán impedimentos legales para su aplicación.
Cristina Fernández no puede ser detenida mientras ocupe la Vicepresidencia, por lo que antes tendría que someterse a un juicio político que la destituya.
En igual sentido, la Constitución argentina faculta al Presidente de la nación, Alberto Fernández, para indultarla.
Este uso o mal uso de la justicia me lleva a recordar el año 2018, cuando el entonces presidente argentino Mauricio Macri, sin que ningún juez lo acusara y ningún gran medio de prensa lo cuestionara, asumía un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 44 000 millones de dólares.
De esta forma, dejaba a su país prisionero de una deuda condicionada a las más grandes presiones por parte de la institución financiera internacional.
Esa y otras muchas acciones tuvieron un curso normal para la «justicia» argentina, aunque no pocas veces se escuchaban acusaciones al entonces mandatario, por posibles manejos indebidos de las finanzas del país.
Sin embargo, lo real es que la multimillonaria deuda contraída por Macri dejaba atado al nuevo gobierno de Alberto Fernández, con las exigencias de los compromisos de pago con el FMI.
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