No dejarlo gobernar, ha sido el plan de una oposición cuyo ego se exacerbó desde el mismo día en que Pedro Castillo, un maestro de campo, un líder salido de las capas más humildes, llegaba a la presidencia de Perú, donde una oligarquía representada por el fujimorismo y otros sectores de la derecha, se han alternado las riendas del poder durante décadas.
Han sido 16 meses en los que se ha impuesto un ambiente de cuestionamiento y acusaciones contra el mandatario, llevado en tres ocasiones a un proceso de destitución por supuesta «incapacidad moral».
A tal efecto, Castillo tendrá que acudir al pleno del Congreso el próximo miércoles 7 de diciembre, en el cual los congresistas decidirán si lo sustituyen o no.
El 8 de diciembre del año pasado el intento de los opositores de desbancar al mandatario no tuvo los votos necesarios para debatir la vacancia.
Mientras se escenificaba la confabulación opositora de este viernes, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó una iniciativa para adelantar las elecciones, con el fin de que Pedro Castillo deje el poder el 28 de julio de 2023, cuando solo llevaría dos años al frente de un «gobierno» que nunca ha podido gobernar.
Ante las acusaciones en su contra, el Presidente ha respondido que constituyen «parte de un golpe de Estado», al que sus opositores han apostado desde el mismo momento en que le fue colocada la banda presidencial.
No podemos olvidar que entre las promesas preelectorales de Pedro Castillo estaban las de «sentar las bases para solucionar la crisis social que vive el Perú», así como «consolidar una estabilidad política tan necesaria como urgente». Ambos proyectos están por realizar, a causa de una oposición más decidida en la ingobernabilidad que en el presente y el futuro del país.
Recordemos que se trata de un país que tuvo cinco presidentes en los últimos cuatro años, lo que parece una costumbre que también se quiere aplicar al actual mandatario.
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