Un escenario similar al golpe de Estado ocurrido en Bolivia, en 2019, pretende instalarse desde el estado de Santa Cruz, con el pretexto de la anticipación de un censo de población y vivienda, propuesto por el Gobierno para abril de 2024, y que la oposición pide que sea en diciembre de 2023.
Para hacer valer su pedido, la oligarquía de Santa Cruz, con el gobernador Luis Fernando Camacho como promotor, tiene paralizada la actividad económica del estado desde el 22 de octubre, a través del cierre de las pequeñas y medianas empresas, pero con anuencia para las grandes compañías industriales y petroleras, e incluso, con subvenciones por pérdidas para ellas.
Para imponer el paro se usan grupos paramilitares, entre los que se encuentra la Unión Juvenil Cruceñista, cuyos miembros tienen sofisticadas armas de fuego, chalecos antibalas y tecnología militar.
Juan Javier Zárate Rivas, encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en Cuba, explicó a la prensa que esos recursos militares son financiados y proporcionados desde el extranjero, y quienes los emplean siembran el terror en la población.
El diplomático argumentó que la postergación del sondeo se debe a que, en los meses de mandato del Gobierno de facto, encabezado por Jeanine Áñez, hubo pérdida de documentación cívica y se necesita restaurar, además de los retrasos por la pandemia de la COVID-19. Afirmó que los opositores, en una actitud intransigente, bloquean todo intento de diálogo.
Según la propuesta gubernamental, el ejercicio debe concluir en octubre de 2024, y la oposición quiere que cierre en septiembre. «El presidente Luis Arce informó que esos días serán tomados en cuenta para la asignación de los curules al Parlamento, y del presupuesto del Estado, por lo cual es irracional una movilización cuando se tiene la solución», precisó Zárate Rivas.
Comentó que, a pesar de la paciencia del Gobierno para poner fin al conflicto, el paro continúa en Santa Cruz, con una afectación diaria de unos 40 millones de pesos bolivianos. Se lanzan petardos, las principales avenidas están bloqueadas, las clases suspendidas, el transporte público paralizado, los comercios y oficinas cerrados, y la violencia ya cobró la vida de una persona.
Los opositores amenazan con más demandas e, incluso, con pedir la renuncia del Presidente; lo cual revela otro golpe de Estado en marcha.
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