«La esclavitud moderna es la antítesis de la justicia social y el desarrollo sostenible». Así lo refirió la Organización de Naciones Unidas tras el último informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de conjunto con la ONG Walk Free Foundation.
Las estimaciones mundiales revelaron que entre 2017 y 2021, alrededor de 50 millones de personas eran víctimas de la esclavitud moderna, cerca de 27,6 millones estaban sometidas a trabajo forzado, mientras que 22 millones habían contraído matrimonio contra su voluntad, lo que equivale a que casi una de cada 150 personas en el mundo se encuentra en esa terrible situación.
Las mujeres y las niñas representan más de dos tercios de las personas forzadas al matrimonio, y desde 2016 las estimaciones globales han aumentado en 6,6 millones.
Señala el informe, además, que los casos de esclavitud moderna no son en absoluto transitorias: el sometimiento al trabajo forzoso puede durar años, mientras que el matrimonio forzoso, la mayoría de las veces, equivale a una condena a cadena perpetua; engorrosa para muchos.
El número de personas que desempeñan un trabajo forzoso aumentó en 2,7 millones durante el mismo periodo. Los niños representan una de cada ocho personas que realizan trabajos forzados, y cerca de cuatro de cada cinco son personas en situación de explotación sexual comercial.
El elevado aumento de los precios de combustibles y alimentos, la pandemia de la COVID-19 y el actual conflicto en Ucrania han empeorado, indiscutiblemente, el panorama económico y, con ello, una perturbación sin precedentes del empleo y la educación, un aumento de la pobreza extrema y de la migración forzosa y en condiciones de inseguridad, así como un incremento de las denuncias de violencia de género, lo que contribuye a aumentar el riesgo de todas las formas de esclavitud moderna.
A nivel global, las personas más afectadas son las que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad, como los pobres y las víctimas de exclusión social, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores migrantes irregulares o carentes de protección y aquellos que son objetos de discriminación.
«La reducción de la vulnerabilidad de los migrantes al trabajo forzoso y a la trata de personas depende, en primer lugar, de marcos políticos y jurídicos nacionales que respeten, protejan y hagan realidad los derechos humanos», dijo el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, António Vitorino, quien además, destacó la «urgencia de garantizar que toda la migración sea segura, ordenada y regular».
Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional adquirió el compromiso de poner fin a la esclavitud moderna, principalmente de los niños a más tardar en 2025, y de forma universal en 2030, un desafío que enfrenta en poco periodo de tiempo para parámetros tan ambiciosos.
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