ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Cristina Fernández de Kirchner, política y abogada argentina. Foto: Cristina Kirchner twitter

Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro emitieron un comunicado conjunto que condena rotundamente la persecución judicial y mediática en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

En su declaración de apoyo, publicada en la red social Twitter, los presidentes de Argentina, México, Bolivia y Colombia consideraron que la causa judicial en su contra por supuesta corrupción busca apartarla de la actividad «pública, política y electoral» para implantar un «modelo neoliberal» en el país sudamericano.

El documento enfatiza en el «injustificable» acoso de sus adversarios, que incluye el señalamiento político, los titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales.

«Desde 2015, el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido de archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido», reza el comunicado.

Los mandatarios explican que «se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política».   

Anteriormente, el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también se solidarizó con la vicepresidenta, quien «bajo despiadado acoso mediático, vuelve a enfrentar un proceso judicial políticamente motivado», según subrayó el mandatario cubano en la misma plataforma comunicacional. «Vencerás el reto como venciste otros antes. Con la verdad y la razón», añadió Díaz-Canel.

Por otro lado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, en un tuit, se sumó a las expresiones de solidaridad con Fernández. «Toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso», escribió Castillo.

Un fiscal argentino pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por supuestos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en el juicio oral que enfrenta por irregularidades en la adjudicación de obras viales durante sus dos mandatos. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares.

La vicepresidenta de 69 años dijo que no hay pruebas en su contra y que el objetivo es amedrentar a los gobiernos nacionales y populares que son considerados una amenaza para los intereses de grupos económicos poderosos.

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