Al este de la ciudad de Quito, el volcán Pichincha, con 4 784 metros de elevación, es como el guardián de una población contra la que el sistema neoliberal hace estragos que van desde el crecimiento del hambre, el desempleo, la falta de servicios de salud, hasta la arremetida policial contra los indígenas que se manifiestan contra el incumplimiento de sus demandas.
Una vez más queda claro que el neoliberalismo como sistema –y sus gobiernos defensores– se propone acabar con el patrimonio cultural de los países antes de ver afectados sus bolsillos y los de organismos financieros como el FMI.
Lo que ocurre hoy en Ecuador lo ratifica, y advierte a la comunidad internacional que debe unirse ante quienes usan el poder y aprovechan los errores y fracturas entre instituciones de izquierda, para dar vía al fracaso económico y social de un sistema caduco y sin perspectivas de solución.
Luego de 14 días de arremetidas contra los indígenas, mujeres y jóvenes ecuatorianos, este fin de semana el presidente Guillermo Lasso levantó el estado de excepción que había decretado días antes, y se esperaba el resultado de la convocatoria parlamentaria en la cual se debatiría como único punto la posible destitución del mandatario.
Quienes conocen a Ecuador, por visitas o por lecturas, saben del tesoro patrimonial que arropa. Quito, la capital, es su mayor exponente, y muy cerca de allí está «el centro del mundo», punto mágico que divide a la mitad el planeta: la línea ecuatorial.
No obstante tanta belleza y cultura de un país con extraordinarias riquezas naturales, los acontecimientos han querido que, luego del ascenso al poder de Lenín Moreno, los ecuatorianos experimenten un retroceso social y económico que ha generado protestas como las que hoy ocurren en la calles.
Las manifestaciones persisten y aún no se produce el necesario diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que encabeza las protestas.
Mientras, una mayoría de asambleístas votó a favor de una moción para que los ministros de Interior y de Defensa comparezcan ante el Congreso, para informar sobre el accionar de las fuerzas represivas en el contexto del paro.
En las últimas jornadas han llegado hasta la capital más de 14 000 indígenas que exigen al Gobierno el cese de la represión policial y la instauración de una mesa de diálogo en la cual se aborden todos los reclamos de la población, para que se eliminen las medidas económicas y sociales que tanto afectan a los ciudadanos.
En un recuento de lo sucedido hasta este domingo, en la confrontación han perdido la vida cuatro personas, mientras otras 90 han resultado heridas y 87 están detenidas.
Un informe paralelo de las fuerzas de seguridad señala que 101 policías y militares han sido heridos.
COMENTAR
Responder comentario