Un nuevo escándalo en Paraguay involucra al expresidente Horacio Manuel Cartes Jara, quien gobernó de 2013 a 2018 en el país sudamericano, en elecciones realizadas para legitimar el golpe de Estado parlamentario propinado contra Fernando Lugo.
El periódico local Última hora divulgó que el exmandatario está acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y rectificaciones falsas en sus declaraciones juradas.
Por esas razones, la fiscal general, Sandra Quiñónez, abrió una causa penal.
Su mandato presidencial estuvo marcado por un retorno a las medidas neoliberales, instaladas por la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner (1954-1989), que llevaron a ese país a un infierno de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas, como parte del Plan Cóndor, articulado en el sur del continente por parte de Estados Unidos.
La nación sureña debió aplicar medidas de austeridad fiscal para pagarles a los acreedores, con la deuda contraída por el General Stroessner y, para ello, se abrió a la economía mundial con la venta de sus principales empresas productivas y de servicios, más una rápida liberalización de las tasas de interés del sistema financiero nacional.
Esas reformas propiciaron entrada de capitales y un crecimiento en la liquidez, al costo de empobrecer aún más al pueblo, pues no estuvo acompañada de políticas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida, sino para robustecer el patrimonio de la burguesía nacional, amparada bajo la sombrilla imperial estadounidense.
La oligarquía nacional paraguaya se opuso al Gobierno de Fernando Lugo, un exsacerdote proveniente del Frente Guasu, quien rompió 70 años de mandato del Partido Colorado, representante de la extrema derecha.
Bajo un juicio político fabricado con la matanza de seis policías y 11 campesinos, Lugo fue obligado a abandonar la presidencia. Lo sustituyó el médico Federico Franco, representante del Partido Liberal, quien se opuso a radicalizar las medidas populares y negó lo evidente: Paraguay sufrió un golpe de Estado parlamentario.
Luego se cumplió el pronóstico: masivas protestas de obreros y campesinos por la culminación de la reforma agraria, en contra de la derogación de leyes privatizadoras de las empresas estatales, en demanda de aumento salarial, mejoras en la educación y la salud pública, y el cese de la represión en el campo.
A ello se añade la corrupción en la cúpula del poder paraguayo, principalmente con la participación de capitales en los paraísos fiscales, algo destapado por la filtración de documentos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido por los Papeles de Pandora.
Los argumentos muestran a Paraguay marcado por un modelo fracasado, que escamotea las garantías sociales.
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