La exsenadora colombiana Piedad Córdoba denunció la persecución política y otras graves violaciones de los derechos humanos de que es objeto la oposición en su país, al exponer ante el representante de la Comisión de Esclarecimiento de Colombia, padre Francisco de Roux, su segundo informe acerca del sensible tema en esa nación.
«Me reivindico como partícipe de la oposición política histórica al régimen. Primero en la lucha desde las bases populares del Partido Liberal por el desmonte del Frente Nacional y la apertura democrática que se plasmó en el proceso constituyente de 1991, pero que quedó tempranamente frustrado», dijo en su exposición ante la justicia transicional.
De acuerdo con un reporte de Telesur, la activista social aseveró que hacer oposición política en su país es una actividad de alto riesgo, pues sectores del mismo Estado persiguen, estigmatizan, amenazan, atenta y asesinan a dirigentes contrarios al oficialismo, realidad que solo en lo que va de 2021 han costado la vida a 160 líderes sociales.
En ese sentido propuso a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para que se garanticen los derechos de la oposición y activistas de los derechos humanos, como parte de su labor para la reparación y el fomento de un sistema sano, y solicitó la apertura de los archivos de inteligencia para determinar los crímenes cometidos por el Estado.
Córdoba comentó que la persecución no ha sido solo contra ella, sino contra su familia y otros líderes, organizaciones sociales y partidos que han sido exterminados, y adelantó que mostrará las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según trascendió en su informe, citado por Telesur, también se referirá a aquellas violaciones que tengan patrones o posean un carácter masivo durante el conflicto armado, y señalará las responsabilidades colectivas del Estado, Gobierno, los poderes públicos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los paramilitares y demás involucrados.
El sistema político de los gobiernos de turno ha impulsado una estructura en contra de la oposición política durante años, tal y como evidencia uno de los puntos del informe:
«En Colombia, la política se circunscribió a la formalidad electoral e institucional, desconociendo otras formas de participación ciudadana».
La Comisión fue instaurada tras el Acuerdo de Paz, que luego de los diálogos sostenidos en La Habana y Oslo, fuera refrendado, finalmente, el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, donde se comprendió que el cese del conflicto debe construirse sobre la reparación integral de las víctimas como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Redacción de Corresponsales.
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